Los casos de explotación laboral atendidos por UGT Aragón se han triplicado entre 2018 y 2020, al pasar de los 8 a los 23, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre en ambos años, mientras que las víctimas han pasado de 13 a 35, siendo el trabajo de los temporeros en campaña agrícola y el trabajo doméstico y de los cuidados los dos ámbitos donde más se han detectado.

Así lo han explicado la secretaria de Formación y Empleo de UGT Aragón, Pura Huerta, y el responsable del Departamento de Migraciones del mismo sindicato, Antonio Ranera, que han presentado el informe 'Explotación y trata de seres humanos con fines laborales en Aragón: realidades invisibles', con motivo del Día Europeo contra la Trata de seres humanos, que se celebra el próximo 18 de octubre.

La secretaria de Formación y Empleo de UGT Aragón, Pura Huerta, ha manifestado que hace cinco años el sindicato puso en marcha un programa de detección y acompañamiento ante una realidad "invisible", que "tenemos al lado y no sabemos identificar", ofreciendo formación a todos los implicados para que estos casos salgan a la luz.

El responsable del Departamento de Migraciones de UGT Aragón, Antonio Ranera, ha detallado que el trabajo forzoso está presente a través de la explotación laboral y sexual y la trata de seres humanos en sus diferentes formas, ya sea la imposición de trabajos o servicios forzados, explotación sexual, mendicidad, matrimonios forzados o la comisión de actividades delictivas.

Ranera ha señalado que en Aragón unas 3.000 personas viven bajo cualquier forma de esclavitud y 167.000 se encuentran en situación de vulnerabilidad "y pueden caer en esta realidad", si se aplica en la comunidad autónoma el Índice Mundial de Esclavitud de la Walk Free Foundation.

El informe elaborado por UGT se centra en la explotación laboral, que Antonio Ranera ha diferenciado del abuso laboral, siendo este último el que se produce cuando hay un contrato, pero se incumple al trabajar más horas de las fijadas o no remunerar las extras, mientras que la explotación implica carencia de contrato, sueldos muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, inexistencia de vacaciones o sufrir amenazas y coacciones, ha glosado.

El responsable de Migraciones de UGT ha referido que los casos atendidos por su organización reflejan que la explotación laboral "está creciendo en Aragón al calor de una sociedad cada vez más desigual" y también tras la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus.

Sobre los atendidos en 2020, ha puntualizado que además del acompañamiento a las 35 víctimas detectadas este año, se ha realizado seguimiento a otras cinco de años anteriores. Según ha contado, existe una mayor presencia de hombres que mujeres --23 frente a 12-- debido a los casos relacionados con temporeros durante la campaña agrícola.

No obstante, Ranera ha precisado que en el segundo sector más afectado, el de los trabajos domésticos y cuidados, las víctimas femeninas son mayoritarias. Entre este y la agricultura suman dos tercios del total de víctimas en 2020. El resto de sectores afectados han sido construcción, hostelería, transporte, industria y servicios.

Asimismo, existe una prevalencia de víctimas subsaharianas, seguidas de las de origen centroamericano y sudamericano, muchas de ellas son jóvenes y más de la mitad están en situación irregular --20 casos frente a 15--. Todos son extranjeros, salvo una persona de origen extranjero, pero nacionalidad española.

Ranera ha apuntado que estas personas acceden a trabajar en estas condiciones "para obtener una remuneración de subsistencia para ellos o sus familiares o conseguir una oferta de trabajo futura que les permite regularizar su situación".

La tipología de empresas son empleadores particulares en el ámbito del empleo doméstico y los cuidados, pequeños negocios de diferentes sectores, empresas y empleadores agrarios y empresas de servicios, como ETT's, sobre todo en agricultura. Las personas que ejercen como explotadoras son tanto españoles, como extranjeros.

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La provincia con más casos en 2020 ha sido Zaragoza, con 19, seguida de Huesca, con cuatro, mientras que no se ha detectado ninguno en Teruel. El responsable de UGT ha comentado que se aprecia una "sobrerrepresentación del medio rural" fruto de los casos relacionados con los temporeros.

Asimismo, ha indicado que menos del 25 por ciento de los casos que llegan al sindicato acaban en denuncia por el miedo de las víctimas que están en situación irregular o por la dificultad de demostrar la explotación.

El responsable sindical ha reconocido, además, la "lentitud" de los procedimientos y ha puesto como ejemplo que una denuncia formulada en 2018 todavía está en fase de instrucción. También ha remarcado que en el sindicato "nunca hacemos nada que la víctima no quiera".

Ranera ha indicado que las consecuencias de la explotación para las víctimas son la pérdida de salarios y cotizaciones sociales, el mantenimiento de su situación administrativa irregular en España o la pérdida de la autorización de residencia y trabajo, la cronificación de la pobreza y la exclusión "porque los sueldos de subsistencia les impiden salir de ella", todo lo cual les lleva a trastornos de ansiedad, depresión y percepción de indefensión y desvalimiento.

El responsable del Departamento de Migraciones de UGT ha reclamado la constitución de una Mesa de coordinación estable sobre explotación y trata laboral en Aragón con presencia de todos los implicados: Inspección de Trabajo, Gobierno de Aragón, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Judicatura, entidades sociales y sindicatos.

El objetivo de esta mesa sería aumentar la coordinación, evaluar todos los recursos existentes, diseñar un plan de formación para los actores implicados, incorporar la diversidad cultura y de género a todas las intervenciones, y analizar los sectores económicos donde se produce para diseñar estrategias adecuadas.

Asimismo, UGT ha abogado por que la víctima sea "el eje de toda intervención", evitar su revictimización y proporcionarles una protección integral y restaurativa, garantizar el enjuiciamiento e imposición de penas a los culpables y promover campañas informativas que visibilicen este delito.

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