El Consejo de Gobierno ha aprobado la celebración de un convenio entre el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y el Consejo de Abogados de Aragón para la prestación del Servicio de Asesoramiento jurídico individualizado a mujeres. El convenio supone un desembolso para el Gobierno de Aragón de casi 164.000 euros.

Los Colegios de Abogados se comprometen, a través de este convenio, a prestar los servicios de asesoramiento jurídico individualizado a mujeres, así como una guardia jurídica permanente a mujeres en la Comunidad Autónoma de Aragón que hayan sido objeto de cualquier clase violencia de género.

En el primer caso, el asesoramiento, tanto personal como telefónico, se llevará a cabo en las sedes del IAM en las tres capitales aragonesas en determinadas franjas horarias. De la misma forma, se atenderán todo tipo de consultas en las sedes de los Centros Comarcales de Información y Servicios a la Mujer.

Este servicio incluye la orientación jurídica puntual y gratuita en los temas que la mujer solicitante plantee. Comprende también la información y el apoyo preciso para la realización de los trámites de solicitud para la asistencia jurídica gratuita. Desde el año 2016, el número de consultas a través de este servicio teléfonico supera las mil y su coste alcanza casi 40.000 euros.

Asistencia 24 horas, 365 días

En segundo lugar, se contempla en el convenio una guardia especial para asistencia jurídica de emergencia a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas de los 365 días del año.

El servicio quedará establecido en todos los partidos judiciales de Aragón, integrado en el turno de violencia de género regulado en la normativa estatal de asistencia jurídica gratuita, para la asistencia jurídica de emergencia a las mujeres, con independencia de su edad, que sea víctima de cualquier forma de violencia (malos tratos físicos, psicológicos…etcétera).

Esta asistencia jurídica implicará el desplazamiento inmediato de un letrado para que asista a la mujer de forma presencial en un plazo máximo de seis horas, con independencia de la decisión definitiva que pueda adoptar la víctima sobre la interposición de la denuncia o la solicitud de orden de protección. Este servicio tiene un coste estimado cercano a los 125.000 euros. 

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