Las Cámaras de Comercio de Zaragoza, Huesca y Teruel han elaborado una batería de medidas para la recuperación de la economía aragonesa. Propuestas económicas, laborales, tributarias y sectoriales orientadas a combatir los efectos de la crisis originada por el coronavirus.

El documento, que será remitido a todas las administraciones públicas de Aragón, ha sido elaborado por el Consejo Aragonés de Cámaras e incluye medidas que pasan por garantizar la protección sanitaria de empresarios y trabajadores y la aprobación de planes de ayuda y de asesoramiento para adaptar los puestos de trabajo a la nueva realidad. Para mejorar la posición de liquidez de las empresas, piden a la administración que acelere los pagos a proveedores de servicios y contratas, y que se aumente hasta un 25% del PIB la línea de avales presentada por el Estado y complementarla con préstamos que ofrezca entidades como SODIAR.

Como medidas de carácter laboral y tributario, se propone la reducción del IAE y del IBI asociado a los locales comerciales, tambien piden bonificaciones fiscales para la creación de puestos de trabajo después del estado de alarma y también insisten en la necesidad de extender los ERTE por fuerza mayor.

El impulso de políticas activas de empleo para la reconversión profesional de los colectivos más afectados y la aprobación de un Plan para facilitar el teletrabajo en las empresas, son otras de las medidas que se proponen.

Considerando el turismo, la hostelería y el comercio minorista como los sectores más golpeados por la crisis, las Cámaras proponen la creación de planes sectoriales de apoyo, campañas para incentivar el turismo interno de los aragoneses, ayudas a las empresas exportadoras, y programas para reactivar la demanda de bienes de consumo duradero en sectores estratégicos para Aragón.

Desde el Consejo Aragonés de Cámaras se apunta la necesidad de realizar reformas estructurales en siete ámbitos: procedimientos administrativos, inversiones, capital humano, fiscalidad, apoyo a la pyme, infraestructuras y cambio climático.

Así, en lo que se refiere a la simplificación administrativa, hablan de la disminución de cargas y plazos, la creación de una ventanilla única para agilizar la tramitación de expedientes relacionados con la apertura e inspección de las empresas y facilitar los trámites para la puesta en marcha de inversiones productivas.

Para el fomento de la inversión, proponen ayudar a la digitalización de las empresas, impulsar la consolidación del comercio y la industria 4.0 y crear incentivos para la renovación del parque de equipamiento tecnológico, mientras que se reclama apostar por el capital humano con el desarrollo de una formación acorde a las nuevas necesidades, potenciando el diálogo entre empresa y universidad, contar con experiencias formativas en un modelo 'Triple Hélice' en el que colaboren empresas, centros de formación y Gobierno de Aragón, definir una vinculación flexible entre la empresa y el alumno en el marco de la formación dual, implementar planes de formación continua y ocupacional sectorializados, potenciar los planes de retorno de talento e impulsar un plan de retención del talento joven y adaptar los niveles educativos y la formación profesional a las demandas futuras de perfiles en las empresas como consecuencia del reto tecnológico.

En lo que se refiere a fiscalidad, reclaman la simplificación del sistema fiscal para hacer posible una rebaja de los tipos marginales del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, la eliminación o reducción de aquellos tributos que distorsionan la competitividad, como el IRPF (tramo autonómico), Patrimonio, Sucesiones, o impuestos propios, aprobación de un esquema de subsidios salariales, a semejanza de los modelos británico, francés o estadounidense, además de intensificación de la lucha contra el fraude fiscal, potenciando la independencia y recursos de la AEAT y adaptación de la fiscalidad en el medio rural como medida contra la despoblación.

En cuanto al impulso y reorientación de la actividad de pymes y autónomos, las cámaras consideran que es necesaria mayor orientación y asesoramiento empresarial, fórmulas de colaboración de empresas en aspectos como la gestión, compras, innovación, promoción y comercialización; apoyo a las empresas en el ámbito de la responsabilidad social, apoyo en la toma de decisiones para el impulso o reorientación de la actividad de la empresa a través de Planes de Competitividad e impulso a los planes de relevo generacional.

Respecto a infraestructuras, reclaman la finalización de las autovías del Pirineo, Huesca-Lérida A-21 y Mudéjar A-23; la ejecución de la Travesía Central de los Pirineos, la línea del Canfranc y el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, la mejora y acondicionamiento de las carreteras autonómicas, la promoción de un modelo mixto de gestión público-privado para la especialización de los aeropuertos, el impulso a las obras hidráulicas, el acceso a banda ancha y cobertura móvil en todo el territorio y la unión de las estaciones de los valles del Aragón y Tena.

Respecto al cambio climática, proponen fomentar la electrificación de los procesos en el sector del transporte e industrial mediante una línea de ventajas fiscales para proyectos de inversión, un plan autonómico y municipal de desarrollo de puntos de recarga de vehículos eléctricos, y un programa de inversiones en infraestructura ferroviaria de mercancías. También mejorar la eficiencia energética en el sector residencial a través de la electrificación de los equipos domésticos y de suministro, las herramientas de control de gasto energético, el uso de la biomasa en zonas rurales donde la calidad del aire no sea un problema y la concienciación del consumidor.

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