El Ayuntamiento de Zaragoza va a pedir la adhesión Fondo de Impulso Económico (FIE) del Ministerio de Economía y Hacienda para pagar 36.862.693,70 euros en sentencias judiciales condenatorias e intereses de demora. Según ha explicado la responsable de las cuentas municipales, María Navarro, han encontrado sentencias guardadas en los cajones desde el año 2013.

Las más abultadas corresponden a revisiones de precios y condenas en la contrata del servicio de limpieza de FCC -11.573.251,39 euros-; y en la del autobús, con TUZSA -17.059.638,5 euros-. También en barrios rurales o en la gestión de la grúa municipal. En total han encontrado 23 sentencias y la mayoría del año 2015.

Navarro habla de situación "grave y preocupante" y culpa de ello a los gobiernos anteriores. "Esto ha sido un caos absoluto en gestión, que ha caracterizado estos últimos 16 años de gobiernos de la izquierda en el ayuntamiento; y que se traduce en un nuevo agujero, de casi 37.000.000 de euros en sentencias firmes condenatorias que estaban en los cajones". E insiste en que "esto no es una cuestión de herencia recibida. Esto es un acto de responsabilidad con los ciudadanos que tienen que conocer cómo se ha gestionado su dinero en estos últimos años".

El viernes termina el plazo para pedir préstamos a este fondo. Y mañana mismo el gobierno municipal se reunirá con carácter extraordinario para aprobar la adhesión. Si el Ministerio lo concede, el préstamo se hará efectivo en febrero del próximo año y computará como deuda en los presupuestos de 2020. 

"No cabe interpretación alguna. En Economía los datos son objetivos y cuantificables. Esto es lo que hay y lo que nos hemos encontrado. Y a todo esto habrá que sumar los resultados de la auditoría". Una auditoría que se espera conocer a finales de esta semana o comienzos de la siguiente. Todo ello, ha dicho Navarro, va a "lastrar las cuentas municipales".

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