La Diputación de Zaragoza ya ha recibido más de 150 consultas de los ayuntamientos de la provincia sobre los cambios legales que se han ido produciendo a raíz de la declaración del estado de alarma por la epidemia de coronavirus. Las preguntas más frecuentes planteadas al servicio Cuarto Espacio tienen que ver con temas como los plazos tributarios, los procesos de licitación o la suspensión de contratos. Además, desde el pasado 16 de marzo la DPZ ha remitido a los municipios cinco circulares aclaratorias sobre distintos aspectos de los reales decretos aprobados por el Gobierno central.

“Nuestro servicio Cuarto Espacio se dedica a prestar un apoyo y asesoramiento integral a los 292 ayuntamientos de la provincia cumpliendo así la principal razón de ser de la institución”, recuerda el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero. “Lógicamente, desde que se desencadenó la crisis del coronavirus casi todas las consultas que recibe tienen que ver con cómo están afectando los cambios legales a los municipios, sobre todo a los más pequeños”.

Aunque en el real decreto con el que se declaró el estado de alarma el Gobierno central estableció la suspensión de los plazos administrativos, unos días después otro real decreto aclaró que los plazos tributarios no estaban incluidos en esa medida. “Muchos ayuntamientos nos están llamando o escribiendo porque tienen abiertos los periodos voluntarios de pago de impuestos como el IBI o el de vehículos y quieren saber cómo les afecta”, detalla Sánchez Quero, quien además destaca que numerosos consistorios están alargando esos plazos y que la propia Diputación de Zaragoza ha ampliado los plazos que estaba aplicando en la recaudación de los tributos que gestiona por delegación de los municipios.

Otras de las cuestiones que más consultas generan por parte de los ayuntamientos son los procedimientos de contratación de obras o servicios, que también se ven afectados por los cambios legales derivados del estado de alarma, o la suspensión de los contratos que tienen que interrumpirse. “Si por ejemplo los municipios ya no pueden seguir prestando un servicio de deportes y tienen que suspender el contrato con la empresa que lo llevaba a cabo, esa suspensión conlleva unas indemnizaciones para la adjudicataria”, explica Sánchez Quero.

Para cualquier duda o aclaración, los ayuntamientos pueden dirigirse al servicio Cuarto Espacio en los teléfonos  976288932 y 976288948  y en el correo electrónico zp4e@dpz.es.

En las dos últimas semanas, los técnicos del servicio Cuarto Espacio han remitido a los ayuntamientos cinco circulares informativas sobre las distintas modificaciones legales que ha ido introduciendo el Gobierno central desde la declaración del estado de alarma. Además, a esos escritos hay que sumar la carta que el presidente ha enviado a todos los alcaldes y las alcaldesas de la provincia.

En esa misiva, el presidente ha informado a los regidores de las principales decisiones adoptadas por la DPZ durante la crisis del coronavirus, entre las que destacan la puesta en marcha de un plan de concertación extraordinario dotado con 1,5 millones de euros para financiar los gastos de desinfección y de cualquier otro tipo que están teniendo que afrontar los ayuntamientos zaragozanos y las medidas especiales de carácter tributario que se han puesto en marcha para facilitar el pago de los impuestos municipales a los ciudadanos y paliar así el impacto económico de la epidemia.

Además, en su carta Sánchez Quero recoge distintas modificaciones legales de los gobiernos central y autonómico que afectan a las entidades locales y que por tanto deben ser tenidas en cuenta por los consistorios zaragozanos:

- La Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos.

- La Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios.

- El comunicado del 20 de marzo de 2020 del Servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón, del procedimiento a seguir por las entidades locales para la limpieza viaria.

- La Orden SND/272/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales para expedir la licencia de enterramiento y el destino final de los cadáveres.

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- La Orden de 21 de marzo de 2020, de la Consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, sobre medidas relativas a residencias de personas mayores y centros sociosanitarios.

Además, la misiva recuerda que los ayuntamientos también deben colaborar en la aplicación de parte de las medidas que el real decreto 8/2020 establece, entre ellas las encaminadas a procurar la moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago. Para llevar a cabo estas últimas es necesario que los consistorios expidan los certificados de empadronamiento municipal a los que se refiere la norma.

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