La Diputación de Huesca aprobó, en sus sesiones plenarias de 5 de marzo y de 5 de junio de 2020, y de 4 de marzo de 2021, sendas resoluciones institucionales, a propuesta del Grupo Aragonés (PAR), para proceder a la elaboracióndel informe justificativo, ante los gobiernos de España y de Aragón, a fin de lograr la creación de un Fondo Especial de Inversiones para Huesca. Este fondo se justifica en la inexistencia de instrumentos y dotación específicos para el Alto Aragón, con carácter público, al objeto de impulsar el desarrollo y bienestar, a diferencia de otros territorios, también en Aragón, con similares condiciones territoriales y, sobre todo, demográficas -en riesgo de despoblación-, que disponen de recursos, a través de sus administraciones o de fondos.

En este sentido, hay que reafirmar que la trascendencia de las políticas públicas en el fomento del desarrollo socioeconómico y del bienestar de los ciudadanos resulta incuestionable, en particular respecto a territorios y sociedades que, por sus características, presentan un despliegue más débil o condicionado de la iniciativa privada y así mismo, plantean por diversas razones (demografía, orografía, extensión, dispersión de localidades…) dificultades para el acceso de la población a oportunidades de progreso y a servicios esenciales, requiriendo además un mayor coste para la prestación de los mismos desde las administraciones.

El Alto Aragón reúne todas estas peculiaridades. Por ejemplo, con solamente 220.000 habitantes, su densidad de población se sitúa en 14 habitantes por kilómetro cuadrado, que es la cuarta menor de España, tras Soria, Teruel y Cuenca. Distintas comarcas y áreas dentro de éstas, superan el índice por el que podrían ser calificadas como desiertos.

Al tiempo, a pesar de las inversiones en mejora de las infraestructuras de transporte afrontadas desde el Estado, la Comunidad Autónoma, la Diputación o las entidades locales, las distancias que separan los núcleos habitados suponen en muchos casos un problema para cualquier iniciativa de creación de empleo o de proyecto de vida, para la actividad de empresas y familias.

Mientras, las tasas de desempleo ofrecen engañosos resultados al no establecer la necesaria correlación entre sus cifras aparentemente positivas respecto al envejecimiento, la emigración de la juventud, las peculiaridades del trabajo agroganadero en explotaciones familiares del medio rural, la temporalidad o precariedad en sectores muy extendidos como la citada agroganadería, los servicios, etcétera. Una falsedad estadística que en su día ya causó la injusta exclusión de todo Aragón, por supuestos niveles de renta, en las más voluminosas líneas de los fondos estructurales de la Unión Europea y, por ende, del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), incorporado año a año en los Presupuestos Generales del Estado.

Por el contrario, la despoblación es ya una realidad como consta en datos como el que detalla que Huesca es la provincia de España con más pueblos deshabitados (en torno a 320 localidades o asentamientos humanos del pasado que ya no tienen vida permanente), pero al mismo tiempo, según han señalado diversos estudios, hasta el 87 por ciento de los municipios altoaragoneses con menos de mil habitantes en total, se encuentran en riesgo de quedar deshabitados en un futuro no tan lejano.

Junto a esta situación y expectativas acuciantes, que merecen una reacción inmediata de todas las instituciones, hay que valorar adecuadamente el carácter estratégico, en muchos apartados, de la provincia de Huesca para el porvenir de Aragón y España, en materias como el medio ambiente, la ubicación geográfica con especial incidencia en las conexiones transfronterizas españolas y europeas, la preservación de la identidad cultural e histórica, el potencial beneficioso de su desarrollo para un amplio espacio que interesa a varias comunidades… Huesca es en sí misma una oportunidad para el conjunto de Aragón y España y una obligación para evitar perjuicios mayores provocados por su declive en buena parte de su territorio y sociedad.

Así, sin profundizar en perspectivas propias que equivalen a amenazas como, entre otras, la posible reducción del volumen de ayudas de la PAC o las crecientes demandas sociosanitarias ante el imparable incremento de la proporción de personas mayores, es indudable la necesidad de llevar a cabo desde los poderes públicos las inversiones o programas de apoyo que favorezcan tanto el crecimiento y desarrollo económico, verdaderas garantías de la permanencia y evolución positiva de las poblaciones, como la mayor atención posible a los habitantes actuales y futuros de Huesca, sin que vivir en un pueblo signifique una discriminación comparativa con los vecinos de las ciudades, añadiendo ese carácter estratégico y probablemente multiplicador con un enfoque general, del Alto Aragón.

Sin embargo, las posibilidades actuales acerca de esas inversiones y programas son limitadas y no existen planes específicos dirigidos a estas zonas, como sería preciso según se ha argumentado en los párrafos anteriores.

A todo ello, se unen los obstáculos que supone, desde algunos puntos de vista en las grandes ciudades o foros de decisión, esta debilidad demográfica en cuanto a la argumentación de la reivindicación de mayores partidas o gasto público o de una mejor financiación de las administraciones, tanto autonómica como local, así como las actuales y aún vigentes limitaciones legales en aspectos presupuestarios de las entidades locales.

Otras provincias aragonesas disponen de opciones palpables como Zaragoza, donde su diputación ha aprobado recientemente el presupuesto para el año 2021, que asciende a 167,6 millones de euros, exclusivamente para la provincia (también amenazada de despoblación), ya que no se tiene en cuenta a la ciudad de Zaragoza como destino de gasto, aunque sí para el cálculo de ingresos. Es decir, dirigido a unas 260.000 personas. El presupuesto de la Diputación de Huesca se eleva a 75 millones de euros.

Opciones que, en cuanto a Teruel, se plasman en el conocido FITE, según los convenios suscritos entre Aragón y el Estado sucesivamente desde 1992 y que, en esta actual edición, fija una cuantía de 76 millones de euros, sumados a las actuaciones de las administraciones. Las acciones susceptibles de ser financiadas a través del FITE han sido ampliadas y ya señalan al apoyo de creación y mejora de infraestructuras del transporte, desarrollo e implantación de iniciativas empresariales,

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protección y mejora del medio ambiente y la mejora de las condiciones medioambientales, sociedad de la información, cohesión social (educación, la asistencia sanitaria y los servicios sociales), iniciativas culturales (rehabilitación, etc…), equipamientos sociales, deportivos o de ocio, …

La razón oficial de estos convenios, con los que todos los aragoneses estamos de acuerdo en consideración hacia Teruel, indica que “Aragón presenta desigualdades interterritoriales significativas sobre las que la política regional no puede actuar eficazmente con los mecanismos de carácter general disponibles”, una afirmación cierta que sería justo aplicar también a Huesca, a fin de llevar a cabo la financiación especial de inversiones que fomenten la prosperidad de nuestra provincia y la calidad de vida de los altoaragoneses.

Igualmente, se ha establecido ahora la posibilidad de beneficios fiscales, autorizados por la Unión Europea para las comarcas de Teruel y parte de Zaragoza.

El esfuerzo económico del Gobierno de Aragón, Diputación de Huesca, comarcas y ayuntamientos, en todas las legislaturas, destinado al Alto Aragón, tiene ser necesariamente complementado, en aras al principio de solidaridad, consagrado en el artículo 158 de la Constitución, frente a la patente desigualdad territorial, promoviendo la cohesión interna y el crecimiento económico y social de Huesca, por Justicia social y como oportunidad para los altoaragoneses, para nuestra Comunidad y de interés general.

La crisis de la pandemia motivó que los plazos inicialmente fijados para la redacción del informe referido en el primer párrafo de esta exposición de motivos, fueran extendidos por la DPH, atendiendo a una voluntad solidaria que exigía dedicar cuanto gasto público fuera preciso a combatir los graves efectos sanitarios, económicos y sociales, priorizando esos fines en los presupuestos públicos, así como en la labor de los medios humanos y técnicos de la diputación.

Así mismo, hay que indicar que la puesta en marcha desde la Unión Europea, del “Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, con sus fondos REACT-EU y NextGeneration EU, supondrá el acceso de España a una financiación extraordinaria, destinada a proyectos de muy diversa índole y entre ellos, a la cohesión territorial y social.Por ello, es preciso aprovechar la oportunidad que supondrá la incorporación a los Presupuestos Generales del Estado y de otras administraciones, de la financiación procedente de los nuevos programas de la Unión Europea.

De esta manera, finalmente la Diputación de Huesca ha constituido a la Junta de Portavoces como comisión especial encargada de impulsar y coordinar la elaboración de un informe justificativo para el planteamiento ante el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón de la creación de un Fondo Especial de Inversiones para Huesca, destinado a la financiación de actuaciones públicas en nuestra provincia de impulso y apoyo al crecimiento y desarrollo económico y social del Alto Aragón.

El objetivo será acordar, con base en ese informe, las decisiones oportunas al objeto de emprender las acciones institucionales precisas para lograr la firma de los correspondientes convenios que deben concretar este Fondo Especial de Inversiones para Huesca en presupuestos, plazos y objetivos.

Por estas razones, el Grupo Aragonés (PAR) presenta la siguiente propuesta de

RESOLUCION

Esta institución acuerda:

1.- Apoyar la iniciativa institucional y unánime de la Diputación de Huesca para impulsar la creación, por parte de los gobiernos de España y de Aragón, de un Fondo Especial de Inversiones para Huesca.

2.- Instar a la Diputación de Huesca a agilizar la elaboración del informe justificativo de dicho Fondo y las acciones hacia su obtención, de acuerdo con las especiales circunstancias actuales y con la deuda histórica hacia el Alto Aragón.

3.- Remitir certificación de esta resolución a la presidencia de la DPH y a la Junta de Portavoces de dicha institución