El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Jaca ha presentado ante el registro del consistorio, una moción para reprobar al PSOE por su responsabilidad política en los hechos que han sido objeto de condena penal por la Audiencia Provincial de Sevilla en el denominado “Caso de los ERE”.

La concejal portavoz de VOX, Marta Moreno, ha presentado esta moción en la que también solicita que el pleno del Ayuntamiento de Jaca acuerde instar al Grupo Municipal Socialista a que, "en nombre del PSOE, pida perdón a todos los jacetanos por la conducta del citado partido amparando a los ex altos cargos socialistas condenados penalmente", explica la formación en nota de prensa.

Además, pide que el pleno acuerde instar al Grupo Municipal Socialista para que, en nombre del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se comprometa a la devolución a los andaluces del importe de 680 millones de euros malversados por los ex altos cargos socialistas condenados.

En la exposición de motivos, VOX Jaca explica que:

"Entre los años 2000 y 2011, la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, puso y mantuvo en funcionamiento un sistema fraudulento de subvenciones ajeno a los debidos controles fiscales y por el que fueron concedidos arbitrariamente 680 millones de euros.

Como consecuencia de ello, la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado por estos hechos a los ex presidentes andaluces, José Antonio Griñán, a seis años de prisión y 15 de inhabilitación y a Manuel Chaves a nueve de inhabilitación, así como ha establecido condenas a los máximos responsables de este entramado que afectan a 19 ex altos cargos socialistas por un total de más de 67 años de prisión y 250 años de inhabilitación para cargo o empleo público. Un sistema por el que las subvenciones socio laborales para empresas en crisis salieron de su cauce legal hacia otro que eludía los controles fiscales correspondientes y por el que se lucraron múltiples empresas, en ocasiones vinculadas a un mismo propietario y que en ocasiones carecían de actividad ni empleados. Una realidad opuesta a las casi 200 compañías que, por ausencia de convocatoria y publicidad del proceso de concesión de las ayudas, se vieron privadas del derecho a acceder a las ayudas que les hubieran permitido mantener su actividad empresarial, evitando cierres.

Esta trama, amparada por el Partido Socialista Obrero Español, consistió en que entre 1999 y la primera parte del año 2000 las subvenciones laborales para casos como los ERE funcionaban de forma legal a través de las partidas del programa presupuestario 22E, aunque la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía utilizaba ordinariamente lo que debiera ser extraordinario, es decir, la figura de la subvención excepcional. Un hecho que en ocasiones sufría retrasos debido a los informes desfavorables del Gabinete Jurídico y por los reparos del Interventor Delgado.

El fraude se gestó en el año 2000, cuando el Consejo de Gobierno de la Junta, presidido por el socialista Manuel Chaves, aprobó dos modificaciones presupuestarias tramitadas por la Consejería de Hacienda, que presidía Magdalena Álvarez y se mantuvieron con José Antonio Griñán al sucederla en el cargo.

El sistema permitió que los fondos se otorgaran directamente a las empresas en lugar de a los trabajadores con la ausencia de control alguno sobre la pertenencia a dichas empresas de las personas beneficiarias de las ayudas públicas. De hecho, el sistema orquestado permitió la inclusión de beneficiarios que nunca habían pertenecido a las empresas ayudadas por la Consejería de Empleo.

El ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez, advirtió hasta en quince informes de las irregularidades, pero la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista Obrero Español, no tomó medidas para el control sobre los procedimientos de concesión de subvenciones, ya que esta actividad era competencia de la Consejería de Empleo. Otra consecuencia es que se produjeron desfases presupuestarios, es decir, que de manera reiterada se pagaron subvenciones del programa 31L en cuantía superior al crédito que la Consejería de Empleo utilizaba para su concesión. Por ello, la Consejería de Empleo comenzó a utilizar el sistema de pagos cruzados por el que en la misma partida incluía pagos de objetos diferentes.

Por todo ello, la Audiencia considera que la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista Obrero Español, disponía de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno, sin control de la Intervención, sin exigir la más mínima acreditación de una situación que legitime la percepción de la supuesta ayuda, sin necesidad de justificar el empleo o uso del dinero que se recibía, permitiendo el enriquecimiento de empresas, a través del ahorro de gastos, y de terceros, ajeno a cualquier interés social o público debidamente acreditado", concluye.