“Si queremos que Aragón sea líder en el sector de la nieve, hay que desarrollar todas las vertientes posibles, lo que incluye elaborar una ley que sea pionera en España y que dote de marco jurídico a las estaciones alpina y nórdicas”. Así lo ha explicado el portavoz de Cs en las Cortes de Aragón en materia de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, Carlos Ortas, quien ha recordado además que “los deporte de invierno son una fuente de riqueza y motor de desarrollo en muchas comarcas aragonesas, y las siete estaciones de esquí alpino y los diez espacios nórdicos superan cada temporada el millón de visitantes”.

Por ello, Ortas ha presentado en rueda de prensa una proposición no de ley que ha registrado en la Cámara aragonesa con el objetivo de cubrir esta carencia normativa.  “La única legislación aplicable a nivel estatal es la de transporte terrestre, en este caso por cable, por lo que el famoso ‘forfait’ sólo es un título de viaje”, ha detallado el parlamentario liberal.

Esta falta de regulación genera distintas incidencias, como ha enumerado Carlos Ortas: “las estaciones de esquí no tienen competencia sobre pistas y descensos, no hay una definición de dominio esquiable o se desconoce la responsabilidad de la empresa en su actividad global”. Situaciones, ha explicado el diputado de Ciudadanos, que han llevado incluso a los juzgados oscenses a tener que definir, por ejemplo, qué es la estación de esquí de Formigal, cuando se han pronunciado sobre causas relativas a estos espacios.

El portavoz de Cs en materia de Vertebración del Territorio ha instado al Gobierno de Aragón a liderar este marco legal que, además, es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. “Hay que compaginar grandes instalaciones, legislación y el marco excepcional que ofrece el Pirineo, y solo entonces podremos optar a grandes proyectos como el que se menciona ahora de los Juegos Olímpicos de Invierno”, ha expresado Ortas.

Para su elaboración, el diputado de Cs ha sugerido fijarse en legislaciones como la estadounidense o la italiana, aunque también ha resaltado la Ley francesa de la Montaña, que por ejemplo “otorga potestad a las empresas de gestión de espacios nórdicos para actuar ante casos de mala praxis de usuarios o externos”. Además, ha recordado Ortas la situación de algunas estaciones que se encuentran en varios términos municipales, lo que provoca incidencias derivadas de contar con distintas ordenanzas municipales. En este aspecto, ha apuntado el parlamentario liberal, “si Cerler se amplía por Castanesa, tendrá dos delimitaciones municipales y posible choque legislativo, por lo que el Gobierno de Aragón debe adelantarse a estas situaciones”.