El pleno de la Diputación Provincial ha asumido por unanimidad una propuesta de resolución presentada por el PP que censura los criterios aplicados por el Gobierno central en el reparto de ayudas económicas frente a la pandemia y defiende una revisión que permita un acceso racional y equilibrado de los sectores vinculados a la restauración y el turismo de nieve a ellas. La clave, según subrayaban los populares, radica en que dichos criterios no incluyen el primer trimestre de 2021. Dicho de otro modo, la voluntad expresa de la DPH, a instancias del PP, es que el cómputo se acerque más a la duración real de la temporada de esquí, que coincide con las mayores restricciones de la pandemia. De acuerdo con el texto aprobado, la Corporación provincial deberá defender esos nuevos criterios ante el ejecutivo de Sánchez para permitir que los sectores afectados puedan acogerse a las ayudas estatales.

El PP, de hecho, hace extensiva una crítica idéntica al Gobierno de Aragón, que adolece del mismo error. Según los profesionales del sector, de aplicar el baremo de los gobiernos central y autonómico, de 2019 a 2020, la pérdidas del sector suponen un 30%, mientras que ascienden al 80% si se sustituye el primer trimestre de 2019 por el de 2021, de modo que el periodo a computar coincida con la duración real de la temporada y las restricciones de movilidad.

Los populares afirman que, de no rectificar, “el GA demostrará un desconocimiento absoluto de la realidad territorial y contribuirá a la ruina de su economía”. Al hilo de la situación económica, el portavoz popular, Gerardo Oliván, ha llamado la atención sobre el incremento del paro interanual en la provincia de Huesca, que con el 25% se sitúa siete punto por encima de la media aragonesa y 14 por encima de la española. El PP concluye que no existen verdaderas políticas de estímulo.

Los populares, además, han reivindicado los servicios ferroviarios como un eje insustituible en el desarrollo de la provincia, su calidad de vida y el mantenimiento de la población, y reclama que el debate no se convierta en pugnas internas entre departamentos de la administración aragonesa.