La Guardia Civil desmantela una 'ciudad' ilegal en Dos Hermanas con 115 investigados

Una operación sin precedentes en la provincia de Sevilla saca a la luz más de 120 parcelas ilegales en suelo rústico con accesos y suministros propios

Escucha aquí a Jose Ramón Lisarte, portavoz de la Guardia Civil
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Ana Sánchez Germain

Sevilla - Publicado el

2 min lectura1:26 min escucha

El Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Sevilla, en el marco de la operación NESSIL, ha investigado a 115 personas como presuntas autoras de un delito contra la ordenación del territorio. La actuación se ha desarrollado en colaboración con la Policía Local de Dos Hermanas y la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico.

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La investigación comenzó a finales del año 2024, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la creación de un nuevo asentamiento urbanístico de aproximadamente 120.000 m². Este terreno, ubicado en suelo rústico preservado en el término municipal de Dos Hermanas, se encontraba dividido en 236 parcelas.

Los investigadores constataron que el asentamiento ilegal ya disponía de caminos de acceso, un vallado perimetral con puertas automáticas y contadores de agua y luz. Además, se había procedido a la instalación de viviendas prefabricadas y otras de obra.

Una actuación innovadora en Sevilla

Gracias a la colaboración con la Fiscalía de Medio Ambiente, la autoridad judicial autorizó por primera vez en la provincia de Sevilla una medida de esta naturaleza. Esta autorización permitió a los agentes la entrada e identificación de las parcelaciones ilegales y las zonas comunes del asentamiento.

La laboriosa actuación de la Guardia Civil y la Policía Local de Dos Hermanas ha culminado con la inspección y registro de más de 120 subparcelas ilegales. Las diligencias, junto con los 115 investigados, ya han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Posibles penas de cárcel

Este tipo de delito está recogido en el artículo 319 del Código Penal. Los presuntos autores se enfrentan a penas de prisión de uno a cuatro años, multas de 12 a 24 meses y la obligación de restablecer el orden alterado a su costa.

La investigación continúa abierta y las autoridades no descartan que se produzcan nuevas actuaciones en el futuro.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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