Los taxistas andaluces se ven hoy las caras con los responsables de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía que los ha convocado para abordar una vez más la delicada situación de este colectivo y su convivencia con el sector de las VTC.

Antes de llegar a este encuentro cientos de taxistas han mostrado en las ocho provincias andaluzas su descontento y se han sumado a las concentraciones convocadas por la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT) ante delegaciones de la Junta de Andalucía.

Los profesionales del taxi piden "una regulación equilibrada del sector de los vehículos de arrendamiento con conductor (VTC), que posibilite la coexistencia pacífica y ordenada de ambos servicios". Además señalan que es necesario adecuar "la flota VTC a las necesidades reales de la demanda y ciñéndola a la precontratación de servicios, digitalizar la inspección para controlar eficazmente las invasiones de mercado ajeno, y garantizar la sostenibilidad medioambiental de los servicios".

El proceso está siendo lento y desde la Consejería se reconoce que hay que seguir trabajando “para pulir el único punto del borrador de propuestas que aún no se ha consensuado: el de las estaciones para VTC". Desde Fomento señalan además que sería deseable contar con "una normativa estatal que aclare la situación en todo el país" y que mientras eso ocurre es necesario lograr la mayor “seguridad técnica y jurídica” posible y el máximo consenso en las negociaciones.

Los taxistas denuncian que con la ley Ómnibus de 2009 que permitió la liberalización absoluta del servicio de arrendamiento con conductor, el número de estos vehículos de transporte privado "ha crecido especulativamente sin límite alguno hasta que se volvió a reglar su otorgamiento en 2015”.

En concreto en Andalucía aseguran que se ha producido "la entrada de miles de VTC, hasta completar la actual cifra de 2.464 ", una circunstancia que "ha provocado cuantiosos daños económicos a los taxistas andaluces. Los taxistas piden poner límites y establecer por ley la proporción de un VTC por cada 30 taxis que se fijó en 2018".

El colectivo plantea además protección para el sector del taxi  y culpan a las administraciones de "estos brotes de conflictos” que afectan a la sociedad andaluza, pero que son “responsabilidad de los poderes públicos, que, como encargados de velar por el mantenimiento y rentabilidad de los servicios públicos de taxi, han desatendido sus obligaciones".