El gasto en I+D en Andalucía alcanzó los 1.538,4 millones de euros en 2019, un 4% más respecto al año anterior, lo que coloca a la región en la tercera posición a nivel nacional solo por detrás de Madrid y Cataluña.

Según concreta en una nota de prensa la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, esta cifra representa el 0,93% del Producto Interior Bruto (PIB).

De ese montante, el 63,5%, es decir, 976,3 millones, corresponde a inversión pública, mientras que los restantes 562,1 millones (36,5%) proceden del ámbito privado. El esfuerzo inversor por parte del sector público se incrementó el pasado ejercicio un 5,28%, lo que supone "la mayor subida de la última década", según recoge el Informe sobre Actividades de I+D en Andalucía 2019, elaborado por la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), organismo dependiente de la Consejería de Transformación Económica, a partir de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En 2019, el gasto regional en I+D en la comunidad lo encabezan las universidades públicas con 679 millones de euros, lo que representa el 44,1% del total en la región.

Les siguen las empresas, con 559 millones de euros (36,3%); las administraciones públicas, con 298 millones (19,4%); y, por último, las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL), con tres millones de euros (0,2%).

Atendiendo a la naturaleza del sector, el ámbito público, que aglutina a universidad y Administración pública (que engloba a los organismos y centros de investigación públicos ubicados la región), sigue actuando como agente tractor de la inversión en I+D en la comunidad, sumando el 63,5% de los recursos invertidos frente al 36,5% del ámbito privado.

La Junta de Andalucía destaca que el "fuerte incremento" experimentado por la inversión pública en 2019 se justifica, en gran medida, por "el compromiso de recursos desplegados" por el actual Ejecutivo autonómico a partir del pasado ejercicio y que ha continuado en 2020.

Así, en ese periodo, la Consejería de Transformación Económica ha puesto a disposición de universidades y de entidades públicas y privadas 238 millones de euros en ayudas para fomentar la investigación y la innovación, dos áreas de alto interés para la comunidad autónoma, ya que están estrechamente ligados a la competitividad empresarial y, por tanto, al desarrollo económico de la comunidad.

DOBLE VÍA DE TRABAJO

Ese importe es el fruto de una doble vía de trabajo. Por un lado, las actuaciones de la Consejería "se han centrado en el desbloqueo en menos de un año de convocatorias paralizadas" y procedentes del gobierno anterior del PSOE, que suman 84,5 millones y que ya se han resuelto.

Para la Consejería "ha sido prioritario cerrar estos programas que permanecían abiertos y sin conceder", ya que se tratan de recursos de gran impacto en la actividad de los grupos de investigación que llevan a cabo su labor en la región. Por otro, la actividad también se ha orientado al lanzamiento de nuevas líneas, que tienen una dotación asignada de 153,5 millones y que se encuentran ya cerradas o en fase de resolución.

Estas nuevas convocatorias abiertas entre 2019 y 2020, que suman once líneas, son de gran trascendencia para la vertebración del Sistema Andaluz del Conocimiento y están dirigidas fundamentalmente a universidades y a centros de investigación de carácter público.

• Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Esta reactivación imprimida a partir del pasado año contrasta con el bajísimo nivel de publicación y de resolución de convocatorias de la legislatura anterior. Así, entre 2015 y 2018 se convocaron cinco líneas de ayudas que no llegaron a resolverse", asegura la Junta.

Pero para que este refuerzo se haya producido, la Consejería de Transformación Económica ha tenido que desbloquear los 121 millones de euros correspondientes a subvenciones de I+D+i convocadas con anterioridad a 2014 y que estaban pendientes de justificar.

El cierre de estos expedientes heredados ha sido necesario para poder avanzar precisamente en la resolución y concesión de las posteriores convocatorias.

Esos 121 millones son incentivos públicos ligados a convocatorias que se lanzaron por la Consejería entre los años 2004 y 2014, en el marco de Planes Andaluces de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi) anteriores.

Estos recursos fueron abonados a los destinatarios de las ayudas --agentes públicos y privados del Sistema Andaluz del Conocimiento--, pero quedaron pendientes de justificación por parte de la administración anterior, una exigencia recogida en la normativa.

Para el próximo ejercicio 2021, la Consejería de Transformación Económica continuará reforzando la inversión pública en I+D+i, de hecho se estima lanzar nuevas líneas de incentivos con un presupuesto previsto de en torno a 130 millones de euros.

POTENCIAL HUMANO

En relación con el potencial humano en materia de investigación, de acuerdo con el informe del INE, Andalucía sigue siendo la tercera región con mayor número de personas dedicadas a actividades de I+D, alcanzando las 24.870 (en equivalencia a jornada completa) entre investigadores y personal técnico y auxiliar.

Este indicador se ha incrementado en 2019 respecto al año anterior (0,6%) y supone el 6,3% de la población activa en la región. La plantilla de personal de I+D andaluz representa el 10,7% de la de carácter nacional.

La mayoría de este personal desempeña su labor en el sector público (69,1%), esencialmente en la universidad (tres de cada cinco). Asimismo, destaca una tendencia ascendente en los últimos años del personal vinculado al ámbito privado, que actualmente aglutina el 30,9%, frente al 28,2% de hace una década.

BRECHA DE GÉNERO

La Junta destaca que Andalucía es además "una de las comunidades con menor brecha de género" entre el personal de I+D (investigadores y técnicos), representando las mujeres el 41,4% frente al 58,6% de hombres. En concreto, en la comunidad el personal de I+D femenino supera al masculino en la Administración pública, un 51,8% frente al 48,2%, respectivamente.

En contraposición, en el sector privado (empresas e Ipsfl) únicamente una de cada tres personas dedicadas a I+D es mujer, poniendo de relieve la necesidad de mejorar las políticas de estímulo para alcanzar la igualdad de oportunidades en este sector.