La exregidora de Marbella (Málaga) Marisol Yagüe y la que fuera primer teniente de alcalde en dicha localidad Isabel García Marcos han mostrado este martes su conformidad con las penas solicitadas y la acusación por los delitos de prevaricación, fraude y malversación en una causa sobre la adjudicación de contratos para auditorías en sociedades municipales sin informes ni cumplir las normas.

ACUERDO PREVIO

El juicio estaba previsto en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga, aunque finalmente no ha sido necesario que se celebre en su totalidad, al haberse llegado a un acuerdo entre las acusaciones y las defensas, el cual ha sido ratificado en la sesión de este martes por las acusadas. Tras esto, la Sala dictará una sentencia condenatoria de conformidad.

Así, por el delito de prevaricación, el acuerdo recoge cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público electo para cada una; por el de fraude, seis meses de prisión, sustituido por 12 meses de multa a diez euros diarios, lo que supone el pago de 3.650 euros; e inhabilitación por cinco años; mientras que por el de malversación se les impondrá un año y medio de prisión y cinco de inhabilitación.

ACUSACIÓN

Según las acusaciones, las procesadas suscribieron contratos en los que encargaban a auditores externos el estudio de sociedades municipales durante los ejercicios 2002 y 2003, pero "no existía informe técnico alguno que justificara la realización" de dichos análisis, "contraviniendo las normas" tanto de auditoría del sector público como las de contratación.

Así, "se infringieron los principios de publicidad y concurrencia", ya que, "no se había efectuado la publicación" en el Boletín Oficial de la Provincia ni del instrumento por el que se encomendaban la contratación de servicios ni el pliego de condiciones de dichos contratos.

En total, según las conclusiones del ministerio fiscal, ambas suscribieron once contratos de auditorías de distintas sociedades municipales, trabajos que no llegaron a concluirse ya que dichas empresas "no pusieron a disposición de los auditores toda la documentación que les fue requerida, especialmente las cuentas anuales".

Los contratos eran por un global de 230.000 euros y desde el Ayuntamiento se abonaron los honorarios profesionales por la parte del trabajo realizada por uno de los auditores, por un total de 30.000 euros, y a una empresa una cantidad de 21.120 euros.

Así, en el acuerdo alcanzado entre las partes no se incluye lo relativo al pago de la responsabilidad civil, que se discutirá aparte; al igual que la suspensión de la pena a ambas, aunque la Fiscalía ya se ha mostrado a favor de que se les conceda.