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'MALAYA'

Juan Antonio Roca, en libertad condicional

El cerebro del caso 'Malaya' pasó doce años en prisión y el último año, en régimen de semilibertad con control telemático

Libertad condicional para Juan Antonio Roca

Agencias

Tiempo de lectura: 2' Actualizado 09:42

El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha dejado en libertad condicional a Juan Antonio Roca, el cerebro del caso 'Malaya'. Roca, condenado por orquestar la mayor trama de corrupción urbanística de Marbella, ingresó en prisión en marzo del 2006 y ha pasado el último año en régimen de tercer grado con control telemático tras ofrecerse a colaborar con Cáritas en la reinserción de reclusos y exreclusos.

Condenado a 20 años de prisión, el plazo de cumplimiento estaba previsto para junio del 2023, pero esta semana el juez de Vigilancia Penitenciaria ha acordado su libertad condicional al cumplir los requisitos previos: haber satisfecho tres cuartas partes de la condena y haber pasado al régimen abierto.

Roca, cerebro de la mayor trama de corrupción urbanística conocida en España, el caso 'Malaya', fue condenado a un máximo de veinte años de prisión tras la acumulación de condenas efectuada por el tribunal en el 2016, cuando ya llevaba en prisión preventiva ininterrumpida desde el 29 de marzo del 2006 "sin haber obtenido ni un solo permiso" hasta aquel momento.

Juan Antonio Roca estaba cumpliendo condena firme por los casos 'Saqueo 1', 'Minutas', 'Belmonsa', 'Urquía' y 'Malaya'. El "jefe" de los asuntos urbanísticos de Marbella durante la alcaldía de Jesús Gil fue condenado por hechos en su etapa de gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella en el periodo comprendido entre los años 1991-2006. Solo por el caso 'Malaya' el Supremo lo condenó a 17 años de cárcel, con lo que endureció su pena en seis años de prisión sobre la sentencia de la Audiencia de Málaga.

El alto tribunal revisó los recursos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga en el caso 'Malaya', un fallo que añadió para Roca un delito fiscal por el ejercicio del 2002 y que le agravó las penas por cohecho y blanqueo de capitales. El agravamiento del castigo se debió a que el Supremo aceptó algunas de las peticiones del fiscal, que recurrió contra la Audiencia Provincial, por lo que también fue condenado por los delitos citados y por los de prevaricación y fraude.

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