Esta primera denuncia colectiva, la ha presentado la "Plataforma de familiares afectados por COVID en las residencias de mayores de Jaén" para conocer los fallos por imprudencia ocurridos en Orpea Andújar entre octubre y noviembre, según explica la plataforma en un comunicado. Después plantearán una segunda para esclarecer los presuntos errores negligentes cometidos en la Residencia Caridad y Consolación de Jaén también por esas fechas.

Se trata de dos de las residencias más impactadas en la provincia en la segunda oleada con 14 y 34 fallecidos respectivamente, según los datos recabados de distintas fuentes por la plataforma. En este sentido, explican que durante el último trimestre del 2020 en la denominada "segunda oleada" numerosas residencias de mayores de Jaén y provincia sufrieron importantes brotes de COVID lo que dio como resultado que fuese, junto con Granada, de las más afectada de Andalucía y de España, con el triste resultado de 121 ancianos fallecidos solo entre el 1 de octubre y el 15 de diciembre.

TRIPLE DE MUERTOS

"Esa espantosa cifra lamentablemente triplica el número de fallecidos en residencias de la provincia durante toda la primera oleada y la desescalada (marzo-septiembre), y fija en un 33 % la funesta aportación de las residencias jienenses a las muertes totales provinciales de la segunda oleada, por encima de la media andaluza, 25 %, que ya es un porcentaje por sí mismo tristemente llamativo". Según manifiesta Alberto Puig Higuera, portavoz de la Plataforma, se trata de "datos dramáticos y estremecedores, que nos hablan de un final inesperado de nuestros mayores, después de meses de aislamiento y encierro obligado para supuesta y paradójicamente evitarles contagios, todo un fracaso".

Y añade que, "nuestros mayores que se fueron y los que aún están entre nosotros, merecen un análisis crítico y responsable, serio e inaplazable por parte de la sociedad sobre lo que se pudiera haber corregido y evitado, y no se hizo en el interior de esas residencias". "Un análisis que aún no se ha producido en el seno de la propia sociedad y sus sectores más dinámicos, y que desde aquí la Plataforma de Familiares, demandamos".

Desde la plataforma se pide que se investigue a nivel penal la gestión errónea de las residencias más impactadas por la COVID durante la segunda y tercera oleada, y que se investigue la inacción o errores de la supervisión administrativa autonómica con competencias efectivas como Salud y Servicios Sociales-Dependencia, o "las mal denominadas medicalizaciones". Tras el detenido estudio de los expedientes de cada usuario fallecido, a juicio de la Plataforma "han fallado de forma simultánea, y por supuesto presuntamente, demasiadas cosas".

Entre ellas destacan los planes de contingencia y la detección precoz en trabajadores, protocolos de ventilación, abuso al compartir habitaciones, presunto fraude en la aplicación del "ratio de trabajadores", falta de pruebas diagnósticas para sintomáticos, errores en la sectorización que no evitó la contaminación cruzada. Asimismo, denuncian que hubo renuencia activa o pasiva a derivar a centros hospitalarios en casos de agravamiento, carencia de médicos internos en fines de semanas, desatención en cuidados básicos que provocó ingresos hospitalarios por heridas, deshidratación, anemias. Todos estos hechos y otros se han puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal mediante la demanda presentada para dilucidar responsabilidades si finalmente las hubiera.