La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, ha condenado a cuatro años y medio de cárcel a la exgerente de Formades Ana María Orihuela a dos años de cárcel. También al hijo de la misma, Manuel Ramírez Orihuela; y a su sobrino, Cristóbal Ojeda Orihula a dos años y al también acusado Juan Francisco Millán, veterinario y docente en dicho centro.

La exgerente de Formades, es condenada como autora penalmente responsable de un delito continuado de prevaricación en relación con el concurso medial y con un delito de malversación de caudales públicos con la pena de cuatro años y seis meses de prisión, inhabilitación especial de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de ocho años y seis meses y deberá pagar a suma de 40.078,16 euros a la Junta de Andalucía.

Así mismo es condenado su hijo, Manuel Ramírez Orihuela, como cooperador necesario de un delito continuado de malversación de caudales públicos a la pena de dos años de prisión, inhabilitación especial de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 4 años y al pago de 452.895,82 euros a la Junta de Andalucía.

Una condena parecida deberá asumir su sobrino Cristóbal Ojeda Orihuela, con un pago de 38.495,94 euros.

Por los mismos delitos es condenado también, Juan Francisco Millán Lozano, veterinario del centro a dos años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 4 años y 6 meses y al pago de 408.232,18 euros.

Ana María Orihuela fue directora gerente del Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades) entre los años 2006 y 2011 y ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almonte. el Consorcio estuvo durante años en entredicho por numerosas denuncias de los propios trabajadores.

Se trata de un caso dentro de la macrocausa de los cursos de formación que inició la juez Alaya, estre tras una denuncia del PP.

En este, en conccreto se investigaba la falta de justificación de 1.320.850 euros correspondientes a las subvenciones públicas que recibió este consorcio de formación ubicado en Almonte, así como la contratación de familiares suyos y los pagos realizados a los mismos.

Entre otros, en el juicio llegó a preguntársele por el pago de más de 6.000 euros en caramelos en la Cabalgata de Reyes de la localidad, a cargo del Consorcio el año que fue elegida como Melchor.