La justicia frena la subida salarial de Almuñécar a instancias del Gobierno y el alcalde denuncia una "traición"

Se suspende cautelarmente el acuerdo que mejoraba las retribuciones de los empleados públicos a instancias del Ejecutivo Central

La justicia frena la subida salarial de Almuñécar a instancias del Gobierno y el alcalde denuncia una 'traición'

La justicia frena la subida salarial de Almuñécar a instancias del Gobierno y el alcalde denuncia una 'traición'

Ana Correa

Motril - Publicado el - Actualizado

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El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha denunciado el “ataque sin precedentes” que el Gobierno de España ha perpetrado contra los derechos de los empleados municipales. A última hora de este viernes, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 4 de Granada ha notificado la paralización judicial de la subida salarial que el Ayuntamiento había aprobado para reconocer las competencias digitales de su plantilla, una medida impulsada por la Subdelegación del Gobierno en Granada.

“Hipocresía política máxima”

El acuerdo, aprobado en el Pleno del 27 de marzo de 2025, buscaba incentivar la modernización tecnológica modificando la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Sin embargo, la Abogacía del Estado impugnó la medida alegando supuestos incumplimientos en los porcentajes que fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para Ruiz Joya, es una “hipocresía política máxima”, ya que “mientras el Partido Socialista se llena la boca hablando de digitalización y justicia social, envía a sus abogados a los juzgados para quitarle el dinero del bolsillo a los trabajadores de Almuñécar”.

Es indignante que un gobierno que dice ser 'de la gente' dedique sus recursos a perseguir una mejora salarial justa"

Juanjo Ruiz Joya

Alcalde de Almuñécar

El regidor ha calificado la acción como indignante. “Es indignante que un gobierno que dice ser 'de la gente' dedique sus recursos a perseguir una mejora salarial justa”, ha aseverado.

Un varapalo judicial

El Auto Nº 199/2025, firmado el pasado 22 de diciembre, impone además las costas del proceso al Ayuntamiento, con un límite de 300 euros. El tribunal argumenta que la administración municipal no se opuso a la medida cautelar en el plazo legal y basa su decisión en la prevalencia del interés general del Estado sobre el local.

Ruiz Joya ha denunciado que el Ejecutivo central impone un “bloqueo a la modernización”, practica un “intervencionismo asfixiante” que ignora la autonomía municipal y mantiene un “doble discurso socialista” al anunciar fondos europeos para digitalización mientras prohíbe su aplicación.

No vamos a permitir que el castigo político de Sánchez lo paguen las familias de nuestros trabajadores"

Juanjo Ruiz Joya

El alcalde ha anunciado que el consistorio no se quedará de brazos cruzados. “No vamos a permitir que el castigo político de Sánchez a los municipios que no se pliegan a sus deseos lo paguen las familias de nuestros trabajadores”, ha sentenciado. El Ayuntamiento dispone de quince días para interponer recurso de apelación, una vía que ya se estudia para revertir este “atropello judicial y político”.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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