Juana Rivas ha ingresado en el Centro de Inserción Social Matilde Cantos de Granada para cumplir la condena firme a dos años y medio de prisión por no haber entregado a sus hijos al padre en el verano de 2017, según ha informado este viernes su abogado, Carlos Aránguez.

Pasadas las 10,00 horas, Juana Rivas ha accedido al centro, emitiendo poco después un comunicado en que ha reconocido que "son momentos muy difíciles", y que considera la decisión "muy injusta", en referencia a la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, que confirmó el Tribunal Supremo, que a su vez redujo la pena de cinco a dos años y medio de prisión.

"Por supuesto, utilizaremos todas las vías legales para que esta situación dure el menor tiempo posible, especialmente la estimación de nuestro recurso" contra el auto de 27 de mayo de 2021 en que el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada acordaba el arresto y entrada en prisión de Rivas, así como "par la clasificación en tercer grado penitenciario y la concesión del indulto total", ha indicado, por su parte, en un comunicado el despacho de abogados Aránguez, que la representa.

Rivas, que también ha solicitado el indulto al Gobierno, está condenada en firme por haber permanecido en el verano de 2017 un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri, quien en 2009 fue condenado por lesionarla y al que ella volvió a denunciar por maltrato en 2016.

PETICIÓN DE INDULTO

La coportavoz de Podemos Andalucía, Susana Serrano, mostraba el pasado lunes el apoyo de la formación a Juana Rivas, "un caso en el que se ha comprobado cómo el machismo va más allá de las relaciones entre dos personas y también forma parte de estructuras gubernamentales y judiciales" y ha defendido su indulto.

Ha pedido tanto al Gobierno central como a la Fiscalía General la tramitación inmediata del indulto a Rivas, uniendo así su petición a la del movimiento feminista y "al de una mayoría social que exige una actuación de la justicia que abra los ojos ante la realidad que sufren las mujeres".

Para Serrano, "tanto la justicia como la legislación deben ser aplicadas con perspectiva de género para que sus resultados sean realmente justos" y ha recordado que "una sociedad que castiga a una madre movida por el miedo y con el único objetivo de proteger a su hijos está reforzando el pensamiento machista sobre el que se sustenta el patriarcado".

Así, Podemos Andalucía ha avisado de que la condena a Rivas "lanza un mensaje muy peligroso a las miles de mujeres que sufren violencia machista, que es que la justicia no les protege", por lo que "es más necesario más que nunca un gesto de reconocimiento de deuda hacia Juana Rivas, ya no solo por ella, sino por todas las mujeres maltratadas".

• Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por último la dirigente de Podemos Andalucía ha señalado que "es necesario incidir en la concienciación, la pedagogía y es fundamental que las instituciones que sustentan al Estado den el ejemplo correcto".

QUEJA AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

La defensa de Juana Rivas mostraba al inicio de esta semana su "indignación" con que el recurso presentado contra el auto de entrada en prisión de su cliente sea "ninguneado y desatendido" por la "manifiesta parcialidad" del titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, el magistrado Manuel Piñar, y ha anunciado una queja al Consejo General del Poder Judicial por su "irregular comportamiento".

El letrado Carlos Aránguez ha señalado en una nota que el auto de ingreso en prisión se dictó el 27 de mayo y que ese mismo día se presentó el recurso, pero "inexplicablemente" aún no se ha trasladado a Fiscalía, extremo que afirma haber comprobado este mismo lunes. Según ha precisado a preguntas de los periodistas, el plazo de 15 días dado por el juez para notificación del auto e ingreso en prisión termina el próximo sábado 12 de junio.

Aránguez ha mostrado públicamente su "indignación por la rapidez con la que se acuerda el ingreso en prisión de Juana Rivas, a quien --según recalca-- ni siquiera se le ha intentado notificar personalmente la sentencia por la que finalmente fue condenada, ni el auto por el que se acuerda su detención e ingreso en prisión, pero en cambio --agrega-- nuestros escritos son ninguneados y desatendidos debido a la manifiesta parcialidad de su Señoría en el presente procedimiento".

En este contexto, y aunque garantizan que seguirán "respetando escrupulosamente los mandatos judiciales", advierte de que ejercerán "todas las vías legales oportunas para defender los intereses de Juana, incluyendo una queja al Consejo General del Poder Judicial por el irregular comportamiento de Manuel Piñar, magistrado titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada".

En el citado auto del 27 de mayo, consultado por Europa Press, el juez sostiene que siendo la pena impuesta a Juana Rivas superior a los dos años "no ha lugar a la suspensión" y "procede su ejecución, adoptando las medidas precisas para ello". El juez libró oficio a las Fuerzas de Seguridad del Estado a fin de que en un plazo no superior a 15 días "presenten en el Juzgado a la penada para notificarle el auto" por el que se acuerda que ingrese en la cárcel.

Junto a ello, requirió a Juana Rivas que abone la indemnización de 12.000 euros fijada para su expareja --algo que ya ha hecho-- y acordó dirigir exhorto al Registro Civil donde conste inscrito el nacimiento de sus dos hijos menores a fin de que se proceda a la anotación de la privación de la patria potestad por periodo de 6 años, tal y como ha sido condenada por el Tribunal Supremo.

El recurso presentado por la defensa de Rivas, que según confirmaron a Europa Press fuentes judiciales no paraliza la orden de ingreso en prisión, solicita concretamente la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad que le ha sido impuesta hasta que se resuelva la petición de indulto, o al menos hasta que se resuelva este recurso. En caso de no aceptarse ninguna de estas pretensiones, solicitan al Juzgado que otorgue "un plazo razonable para que Rivas comparezca voluntariamente en prisión, dejando sin efecto su orden de busca y captura por las fuerzas y cuerpos de seguridad".