La Fiscalía ha solicitado el archivo del presunto delito de usurpación de funciones públicas en la causa que se sigue contra el alcalde de Granada en funciones, Francisco Cuenca (PSOE), en un juzgado de Sevilla para determinar si en su etapa como delegado de Economía e Innovación de la Junta usurpó las funciones de los funcionarios que por ley tenían atribuida la realización de las inspecciones para cursos de formación en Economía Social.

El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla abrió una investigación contra Cuenca y otros ex altos cargos de la Consejería de Economía e Innovación a raíz de una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación y malversación.

En la causa se investiga si existió una contratación irregular de personal externo para el desempeño de funciones de inspección en cursos de formación en Economía Social contratados en los años 2011 y 2012 por la Junta.

Tras la solicitudes de sobreseimiento realizadas por algunas de las defensas de los investigados, el fiscal trasladó el pasado marzo al juzgado el archivo de las actuaciones en relación con el presunto delito principal de la causa, el de usurpación de funciones públicas, según consta en el escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.

Sobre las posibles irregularidades advertidas en la celebración de los contratos menores de servicios, el Ministerio Público cree que deberían ser investigadas, tras la deducción del oportuno testimonio, por los juzgados de instrucción de las provincias afectadas, a los que, según agrega, también corresponderá la valoración de la actuación de los contratistas.

El fiscal del caso ve así "innecesaria" la tramitación conjunta de la causa para el esclarecimiento de los hechos, que sin embargo sí supone "una excesiva complejidad y dilatación" atendiendo el número de investigados, de provincias afectadas y de diligencias a practicar.

El juzgado aún no se ha pronunciado tras esta petición de la Fiscalía, según han informado a Europa Press fuentes del caso, que Cuenca siempre ha enmarcado en una "cuestión administrativa" y ha desvinculado de la corrupción, incidiendo en que los delegados del ramo en aquel momento se limitaron a verificar unas instrucciones de la Dirección General para hacer un seguimiento de una serie de acciones formativas.

En el caso de Granada existía una contratación menor que "contaba con todos los informes preceptivos, con instrucciones de la Dirección General y en este caso de la Jefatura de Servicio", por lo que "evidentemente se le da trámite", según señaló a los medios el día que declaró como investigado por este asunto.