Ya a principios del mes de noviembre del pasado año el Gobierno de Sánchez, de la mano de su vicepresidenta de visita oficial a la Santa Sede, anunciaba al Secretario de Estado del Vaticano, la proposición de modificar las leyes necesarias para acabar con la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que disfruta la Iglesia Católica española de tal forma que los consistorios de nuestro país puedan grabar este tributo, una reclamación adecuada al tiempo electoral que se vivía en ese momento y como órdago coercitivo de cara a obtener un puntual apoyo de la Santa Sede para las pretensiones, igualmente propagandistas, sobre su plan relacionado con el Valle de los Caídos. El propio Gobierno era y es consciente, de que dicha modificación conllevará una compleja y larga tramitación, pero seguro que existe quien piense que el órdago bien merece la pena, si con ello se consiguiera alcanzar alguna de las pretensiones lanzadas como conquistas ideológicas.

La exención en el pago del IBI a la Iglesia Católica está regulado en la Ley de Mecenazgo 49/2002 y, tiene en cuenta para dicha exención fiscal, que las instituciones, asociaciones, fundaciones vengan realizando una labor beneficiosa para la sociedad, motivo por el cual el Estado para apoyar dicha labor las considera exentas de dicho impuesto y por esta regla no sólo la Iglesia Católica, sino todas aquellas como las federaciones deportivas, las instituciones y asociaciones culturales, los sindicatos, u otras comunidades religiosas como las hebreas o musulmanas, entre otras instituciones cuentan con dicha exención, por lo que se puede aseverar que no existe un trato de favor hacia la Iglesia Católica más allá que el que se realiza a otros colectivos.

Por ello no se puede decir y hacerlo sería faltar a la verdad, que la Iglesia cuenta con privilegios exclusivos por los acuerdos Iglesia-Estado firmados en 1979, ya que tal y como se recoje en el propio acuerdo en su capítulo IV, artículo 5, todas las asociaciones y entidades religiosas que se dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes, médicas u hospitalarias, o de asistencia social tendrán derecho a los beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico-tributario del Estado español prevé para las entidades sin fin de lucro y en todo caso, las que se conceden a las entidades benéficas privadas, es decir, a través de la ley de Mecenazgo comentada anteriormente.

Detallada por tanto la cuestión, la pregunta es si ¿el Estado, o los consistorios, serán garantes del buen uso de los 700 Mill.€.-. que sólo la Iglesia Católica se estima pagaría por dicho impuesto?. No es una cuestión baladí, porque esta cifra supone aproximadamente la labor social de dos Cáritas Diocesanas según datos de su memoria del 2017, es decir la administración pública se debería obligar sólo con dicho importe, -sin tomar en cuenta las demás instituciones o comunidades que les afectaría- a atender de forma inminente a acompañar y apoyar económicamente y socialmente a más de 3.000.000 de familias en España y a otras tantas en cooperación internacional, a crear más de 10.000 puestos de trabajo y todo ello con el compromiso ético de realizarlo bajo el prisma de una fianzas éticas y comprometidas con una economía social y solidaria para que aporten mayor valor, es decir teniendo como objetivo “despilfarro cero”.

La respuesta la tienen cada uno de ustedes, pero cabría recordar como la Iglesia, así como las familias, fueron el recurso más cercano y eficaz de ayuda en la pasada crisis

La respuesta la tienen cada uno de ustedes, pero cabría recordar como la Iglesia, así como las familias, fueron el recurso más cercano y eficaz de ayuda en la pasada crisis y por tanto ¿merece la pena arriesgarnos a desbaratar por criterios alejados a la lógica y más cercanos a la ideológica, un instrumento de ayuda que funciona y que ha demostrado y sigue demostrando su valía como elemento de cohesión social? un riesgo que creo no merecería la pena emprender porque los grandes perjudicados serían sin duda los más necesitados de nuestra sociedad, aquellos que son los primeros en reconocer el grave error que se cometería.