Esta mañana se ha aprobado en el pleno de la Diputación de Córdoba la primera ordenanza de la sequía en Andalucía, con la que la empresa pública de aguas de la provincia, Emproacsa, tendrá importantes poderes ejecutivos sobre todos los municipios, incluidos los gestionados por empresas privadas como Pozoblanco, Baena o Puente Genil. Aqualia, la empresa privada responsable del suministro en este caso, fue la unica que interpuso alegaciones a esta ordenanza, aunque han sido rechazadas ya que, según expresa el presidente de la empresa pública, Esteban Morales, "estas alegaciones esaban relacionadas con un motivo discriminatorio por afectar a municipios que no estaban dentro del ciclo integral del agua y, curiosamente, ninguno de esos ayuntamientos a los que les abastece han alegado nada en consonancia con su entidad concesionaria (Aqualia)".

Con esta ordenanza, se sumará a la restricción del 10% del suministro y a las retricciones de riego, baldeo y llenado de piscinas y fuentes, un recargo adicional en la factura en caso de que se produzcan consumos excesivos. Este recargo podría ir del 50%, en caso de consumo familiar por encima de los rangos establecidos (entre 30 y 54 metros cúbicos al trimestre), a incluso el doble de lo habitual si se trata de grandes derroches (consumo de más de 54 metros cúbicos al trimestre). Sin embargo, Morales ha asegurado que el objetivo de esta ordenanza "no es recaudar dinero ni castigar al consumidor, sino hacerle entender el momento tan complicado por el que está pasando la provincia. Es un asunto de responsabilidad".

Además, desde ayer, la Junta de Andalucía anunció que pondrá en marcha un Comité de Expertos, similar al que hubo con el Covid, para estudiar la situación de sequía en las zonas más afectadas. Aquí, en la pronvincia de Córdoba, son las zonas del Guadiato y los Pedroches.