La Fiscalía de Córdoba muestra "preocupación" por la incidencia de estafas a través de Internet al advertir del número "voluminoso" de procedimientos seguidos y enjuiciados bajo la modalidad de delito leve de estafa, "que tiene su sede habitual en el ámbito del comercio electrónico, y particularmente en el de las ofertas a través de plataformas comerciales y redes sociales, que constituyen un nicho de defraudaciones masivas de importes inferiores a los 400 euros, excepción hecha de los delitos continuados nutridos de numerosas y pequeñas defraudaciones conexas".

Según recoge la memoria del Ministerio Público referida a 2020, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el cómputo general de la actividad delictiva relacionada con las nuevas tecnologías, "la ausencia de recopilación estadística de los delitos leves de estafa, que por su incidencia práctica constituyen el mayor volumen de causas seguidas por dichas infracciones patrimoniales, arroja un resultado estadístico sesgado de la importancia cuantitativa de dicha actividad ilícita".

Los datos estadísticos sobre criminalidad informática durante el pasado año en la provincia son "muy similares" a los de 2019. La variación más significativa atañe a los delitos tipificados contra la propiedad intelectual por una investigación iniciada en 2018, en el conocido como 'Caso Bares', a raíz de una denuncia de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP), "que tenía por objeto la persecución de la exhibición ilícita en establecimientos de hostelería de eventos deportivos a través de la señal audiovisual codificada perteneciente en exclusiva a distribuidores autorizados".

Al respecto, se ha tramitado la causa como delitos leves y en noviembre de 2020 se celebró la mayor parte de los juicios, un total de 12, pendientes de uno más, contra sendos bares y las sentencias recogen multas con diversas cantidades, como 800 y 300 euros, indemnizaciones a la LFP, además de la destrucción de los codificadores, según precisan a Europa Press desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En términos globales, en el ámbito de los procedimientos por delitos informáticos, en 2020, se observa un incremento de procedimientos incoados en número de 13, con 91 frente a 78. El mayor número de procedimientos corresponde a delitos contra la propiedad, tipificados como estafa, cuya cifra ha disminuido en dos (25), siendo seguidos en número por los procesos por delitos contra los servicios de radiodifusión interactivos y delitos de pornografía infantil, que disminuyen en tres respecto a 2019.

Le siguen en número de causas los delitos de descubrimiento y revelación de secretos (5), que disminuyen en uno frente a 2019, junto con el mismo número de procedimientos por delitos de acoso, tanto en su modalidad genérica del artículo 172 del Código Penal (tres más que en 2019), como en la específica de acoso a menores del artículo 183 (también tres más que en el período anterior).

Tras ello, en número de procedimientos, siguen aquéllos por delitos de ataques a sistemas informáticos del artículo 197 (4), que aumenta en dos sonre 2019. Se trata, mayoritariamente, de supuestos de bloqueos de accesos a sistemas informáticos empresariales mediante técnicas de 'ransonware', "cuya investigación deviene compleja, ante el origen remoto y transnacional de dichos ataques".

Idéntico número de procedimientos (4) se siguieron por delito contra la propiedad intelectual --se mantiene en idéntica magnitud que 2019--, e igual número se incoaron por otros delitos contra la libertad sexual a través de las TICs, que tienen por objeto delitos de exhibicionismo mediante comunicaciones telemáticas, "no incardinables en el ámbito propio de otros tipos delictivos consignados".

Se observa también un incremento en tres procedimientos seguidos por delitos de incitación al odio y discriminación perpetrados a través de publicaciones en redes sociales (cuatro en total). En el ámbito de los delitos contra la libertad (3) disminuyen en uno el número de causas. Dichas cifras son "sensiblemente inferiores a las reales, pues se refieren a procedimientos por delitos menos graves exclusivamente, sin que pueda reflejarse el grueso de los procesos que se tramitaron como delitos leves, cuya incidencia estadística supera con creces a los procedimientos por delito grave consignados en este apartado".

Asimismo, idéntico número de procedimientos (3) fueron incoados por delitos de daños informáticos del artículo 264, dos menos que en la anualidad precedente. No constan procedimientos por delito de trato degradante, frente a uno en 2019, como tampoco por delito de calumnias/injurias contra funcionario o autoridad (uno en 2019).

BLANQUEO DE DINERO

En el ámbito de los delitos patrimoniales perpetrados a través de medios tecnológicos, han sido incluidos algunos procedimientos que fueron objeto de tramitación, incluso de sentencia condenatoria, bajo la tipificación de blanqueo de dinero.

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Han sido incardinados en el apartado correspondiente a los delitos de estafa, "pues es práctica habitual realizar escritos acusatorios alternativos en dicho tipo de hechos al objeto de que si el órgano de enjuiciamiento no aprecia el previo concierto entre los usurpadores de claves y contraseñas y artífices de las transferencias bancarias inconsentidas con los receptores de las mismas, pueda plantearse la posibilidad de condena por delito del artículo 301 del Código Penal".

De hecho, "esta es la línea jurisprudencial seguida en la provincia, a resultas de la actividad probatoria, respecto de las conductas de los coloquialmente denominados 'muleros'".

Y se ha registrado una única diligencia de investigación por la supuesta comisión de un delito de calumnias/injurias. El número de sentencias dictadas (38) es inferior al de procedimientos incoados (91) y al de acusaciones (45), dado que parte de dichas causas penales incoadas aún no han concluido su instrucción, han sido sobreseídas o bien se encuentran a la espera de enjuiciamiento.

LOS DELITOS INFORMÁTICOS Y LA PANDEMIA

Por otra parte, la Fiscalía expone que "no se ha percibido una especial incidencia en el ámbito de los delitos patrimoniales que sea especialmente significativa respecto a períodos previos a la pandemia". Únicamente se constata la apertura de dos procedimientos relacionados con "el ofrecimiento de mascarillas de protección a través de venta 'online', de naturaleza fraudulenta".

"Posiblemente el aislamiento domiciliario haya provocado un incremento de conductas relativas a supuestos de acoso y otras tendentes al contacto con menores con fines ilícitos, hechos derivados del mayor tiempo en el entorno doméstico y domiciliario a consecuencia de las medidas de aislamiento y su consecuente aumento en el uso de las TICs y tiempo de conexión virtual", según recoge la memoria.

Apunta que "aumentaron los procedimientos por discriminación e incitación al odio mediante el empleo de redes sociales --Facebook e Instagram, fundamentalmente-- respecto a 2019". Fuera de dichos ámbitos de incidencia en delitos patrimoniales, discriminación y contra la libertad, "escasamente se denunciaron algunos hechos de ataques a equipos informáticos mediante el 'ransomware', el envío de códigos maliciosos vía 'email', acompañados del archivo llamado 'CORONAVIRUS_COVID-19.vbs', ocultando un código ejecutable de 'ransomware' para extraerlo e iniciarlo en el ordenador".

Entretanto, indica que "el posible incremento de la actividad delictiva en el entorno virtual más parece obedecer a la tendencia alcista propia del empleo de las nuevas tecnologías en cualquier ámbito de la cotidianeidad, que al aprovechamiento de la situación de crisis sanitaria para perpetrar nuevos y más frecuentes hechos delictivos".