El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba) ha condenado a dos vecinos de la localidad de Bujalance como autores de sendos delitos de atentado a agente de la autoridad y delitos leves de lesiones, por los que se les imponen penas de cuatro meses de prisión, así como a indemnizar a dos agentes por las lesiones sufridas.

Además de esos dos vecinos, ha sido condenada una mujer por delito de atentado a agente de la autoridad, si bien se ha suspendido la ejecución de la pena de prisión, a la vez que el juez ha condenado a otros dos hombres de la misma localidad por sendos delitos de resistencia a agente de la autoridad, según detalla en una nota la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), cuyos servicios jurídicos han asesorado y representado a uno de los guardias civiles afectados. Los hechos tuvieron lugar el día 20 de enero, cuando los agentes establecieron un dispositivo para la localización y detención de dos acusados y al llegar a la calle Ronda Sur de Bujalance se encontraron con un grupo de unas 20 personas que les increpaban e insultaban, "con la intención de obstaculizar e impedir que pudieran detenerles".

Así, indican que "dos hombres y una mujer de la misma familia agredieron a tres de los guardias civiles intervinientes, golpeándoles con puñetazos y un rodillazo, ocasionándoles a dos de ellos diversas lesiones". Al respecto, AUGC ha advertido de que "más del 40% de los accidentes que sufren los guardias civiles son consecuencia de agresiones físicas, según un informe de la dirección general del Cuerpo", a lo que ha agregado que "cada semana, los agentes se convierten en blanco de los delincuentes, que saben lo barato que les sale agredir a los guardias civiles y policías, con penas irrisorias e indemnizaciones que en la mayoría de los casos no se pagan al declararse insolventes los agresores".

Por ello, la asociación ha defendido que lleva "mucho tiempo reclamando que se modifique el Código Penal para endurecer las penas por este tipo de delitos y se refuerce la protección jurídica, tanto a los agentes, como a sus familiares ante las amenazas y agresiones que sufren".

Sin embargo, han lamentado que "el Gobierno y los grupos parlamentarios, lejos de atender esa reclamación, pretenden hacer precisamente lo contrario con su reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que agravará aún más la situación de indefensión que padecen los agentes, como denunció ante la Subdelegación del Gobierno en Córdoba la Plataforma 'No a la España insegura', de la que forma parte AUGC junto a la mayoría de asociaciones de la Guardia Civil y sindicatos de Policía".