Clamor por la independencia judicial: jueces y fiscales se movilizan en Córdoba contra las reformas del Gobierno

Unos 200 jueces, fiscales y otros profesionales de la Justicia se han concentrado este miércoles a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba para reclamar la retirada de dos proyectos legislativos impulsados por el Gobierno: la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal, y el anteproyecto de modificación del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. La protesta, enmarcada en una movilización nacional, ha contado también con la presencia de ciudadanos que han querido respaldar la reivindicación en defensa de la independencia del Poder Judicial.

Durante la concentración, el delegado provincial de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio Puntas, ha leído un manifiesto en el que se advierte de que, si el Ejecutivo no rectifica, jueces y fiscales valorarán la convocatoria de una huelga. “Esta tarde, en función de los efectos que produzcan estos paros, se valorará la posibilidad incluso de convocar una huelga por parte de jueces y fiscales”, ha señalado Puntas ante un auditorio que ha interrumpido su intervención en varias ocasiones con aplausos y proclamas como “¡Vivan los jueces independientes!”, “¡Más democracia!” y “¡Por la independencia del Poder Judicial!”.

La protesta ha dejado una imagen poco habitual en Córdoba, con la presencia de representantes institucionales del ámbito jurídico. Entre ellos, han estado el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco de Paula Sánchez Zamorano; el fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón; el decano del Colegio de la Abogacía, Carlos Arias –en representación de una institución que, junto al Colegio de Abogados de Lucena, ha respaldado oficialmente la protesta–; y la decana del Colegio de Procuradores, María José Carralero. A ellos se han sumado letrados de la Administración de Justicia, procuradores y otros profesionales del sector.

El mensaje de fondo ha sido claro: el sistema judicial, tal y como está concebido en el Estado de derecho, está en riesgo si se aprueban las reformas planteadas. “Se agradece mucho, en un momento crítico para la Justicia, sentir el apoyo de la ciudadanía, porque lo que estamos reclamando afecta a los ciudadanos y a su libertad”, ha subrayado Puntas.

También ha atendido a los medios de comunicación Gonzalo Ortega, delegado en Córdoba de la Asociación de Fiscales, quien ha criticado el contenido del anteproyecto de reforma del estatuto del Ministerio Fiscal. A su juicio, “no garantiza más independencia ni imparcialidad”, sino que “refuerza el poder del fiscal general del Estado”, lo que supone una regresión en términos de autonomía funcional y jerárquica del Ministerio Público.

En cuanto a la reforma del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, el manifiesto difundido por las asociaciones convocantes alerta de que se introducen “pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración”, además de un modelo de centro de formación dependiente del Gobierno, lo que abre la puerta –según denuncian– a “una selección ideológica de los futuros jueces y fiscales”.

Otra de las críticas más contundentes es la propuesta de incorporar directamente como jueces y fiscales a 1.300 profesionales sustitutos, algo que, en palabras del texto leído, “contraviene los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”.

Sobre la reforma del estatuto fiscal, los jueces y fiscales consideran que incrementará el riesgo de injerencias políticas en causas de especial sensibilidad, como las de corrupción. “Las recientes iniciativas legislativas van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder más débil en su función de contrapeso del poder político”, advierte el manifiesto, que denuncia también un “continuo ataque” a la independencia judicial, así como declaraciones políticas que “deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan” o “tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice del Gobierno”.

La movilización de este miércoles, que se ha repetido en otras ciudades españolas, marca un punto de inflexión en la relación entre el poder judicial y el Ejecutivo. La posibilidad de una huelga en el sector no se descarta, y las asociaciones convocantes estudian ya los próximos pasos en defensa de lo que consideran “un pilar esencial del Estado de derecho”.