El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha anunciado que el Ayuntamiento ha decidido, por unanimidad de todas las formaciones políticas, interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo respecto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula de pleno derecho el actual Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de El Puerto, que data del año 2012.

Esta decisión se ha consensuado igualmente con la Junta de Andalucía, que también recurrirá a la vista del interés casacional existente y con la que se ha trabajado desde el primer instante en el que se conoció la sentencia, de forma coordinada.

El abogado que planteará el recurso será José María Millán y lo hará antes del 18 de noviembre, último día para presentar el mismo. De hecho, esta misma tarde el Pleno procederá a aprobar su contratación. Se trata de un contrato menor que no superará los 15.000 euros.

Beardo ha destacado que no presentar recurso supondría tener que acatar la sentencia, que situaría la localidad tres décadas atrás, en el PGOU del año 1992, una situación que El Puerto no podría afrontar, ya que se caerían las ARG, entre otros desarrollos urbanísticos, ha añadido.

Además, el alcalde de El Puerto ha manifestado que tras estudiar la sentencia por parte de los jurídicos se concluye que existen motivos de peso para poder recurrir, "hay interés casacional para pelearlo" lo que ofrece una oportunidad real a la ciudad.

"Tenemos argumentos suficientes para recurrir los tres motivos que recoge la sentencia: falta de integridad en el Plan General de Ordenación Urbana, falta de evaluación ambiental estratégica y falta de informe de sostenibilidad económica", ha explicado.

Uno de los argumentos de mayor peso e importancia es que el Ayuntamiento de El Puerto planteó al Tribunal sobre el conflicto entre dos normas, la ley estatal que sigue la Directiva Europea que obliga a incluir el informe de evaluación ambiental estratégico (Ley 9/2006) y la de la Junta de Andalucía Ley 9/2007 que es la que estaba obligado a seguir el PGOU de El Puerto al ser la ley autonómica, la Junta entendía que ya incluía la anterior, el Tribunal no se pronunció al respecto de la posible inconstitucionalidad de este conflicto de normas.

"Toledo hizo un recurso similar y lo ha ganado, ya que el Tribunal Superior de Justicia no es el órgano competente para dirimir un conflicto entre normas", ha señalado Germán Beardo, "sino que más bien es una cuestión del Tribunal Constitucional".

Igualmente, el alcalde de El Puerto ha insistido en que esta no es la única decisión que se ha tomado en la Junta de Portavoces, ya que el Ayuntamiento de El Puerto desde el Área de Urbanismo, con Danuxia Enciso al frente y bajo la supervisión del Jefe de Planeamiento, Ildefonso Benítez, trabaja sobre un nuevo PGOU, acorde al crecimiento real de la ciudad, a las nuevas normativas y "respetando un modelo de ciudad coherente con estas premisas, consensuado, a través de la participación, con todos los agentes implicados, vecinos, propietarios, promotores, inversores, colectivos y que recoja los planeamientos que están desarrollados o en desarrollo en el PGOU actual, con el objetivo de dar seguridad jurídica y confianza".

El alcalde de El Puerto se ha comprometido a "redactar un nuevo documento en el que el modelo de ciudad será participativo y consensuado con todos los agentes implicados, sin dejar a nadie atrás para máxima tranquilidad de vecinos e inversores".