El alcalde de Cádiz, José María González ha vuelto a señalar a la Diócesis gaditana, cómo la que podría, con su dinero, salvarnos económicamente de la crisis del coronavirus.

Aunque ya les contábamos que la decisión de quien ha de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles o no, no la decide el alcalde de una ciudad, este vuelve con lo mismo y anuncia ahora, que está estudiando los cauces administrativos por los que pedir a la Iglesia de Cádiz que pague el IBI de locales, pisos o garajes.

Atentar contra la ley

El delito de prevaricación administrativa, se produce cuando el sujeto activo dicte una resolución que no sea el resultado de la aplicación del ordenamiento jurídico sino, pura y simplemente, una voluntad injustificable revestida de una aparente fuente de normatividad.

Manuel Martos, abogado gaditano, propietario de Legalsegur, explica que "el Ayuntamiento se tiene que adecuar a la normativa que lo regule, ya sea regional o nacional. En este caso, el alcalde no se puede saltar una ley que aunque él no esté de acuerdo no se la puede saltar. Que se pueda plantear esta circunstancia tampoco puede hacer que el Ayuntamiento lo acuerde finalmente. Lo que intenta el alcalde atenta contra la normativa nacional".