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Más de 300.000 familias andaluzas podrán regularizar la situación de su vivienda con el nuevo decreto ley

Málaga y Almería encabezan la lista de provincias con mayor número de edificaciones irregulares. 

Vivienda ilegal en el entorno del Conjunto Monumental Medina Azahara

Redacción Andalucía - Inma Cabello de Alba

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 18 dic 2019

Un total de 327.583 familias cuentan en Andalucía con una edificación irregular. Ahora, mediante el nuevo decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares podrán regularizar su situación.

Si hacemos un recuento por provincias afectadas, Málaga encabeza la lista con más de 68.000 viviendas irregulares, seguida por Almería con 62.758 construcciones ilegales. El tercer lugar lo ocupa la provincia de Granada con casi 53.000 edificaciones.

Le sigue de cerca las provincias de Sevilla con 51.154, Cádiz con 48.033, Córdoba con 47.283. Finalizan la lista Jaén, con 44.722, y Huelva, con un total de 25.417 edificaciones ilegales.

Cuadro de estimación de viviendas de la Consejería de Fomento

MEDIDAS URGENTES

Con el objetivo de acabar con el caos jurídico y urbanístico, el nuevo Gobierno de Andalucía ha aprobado un decreto ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares. Este documento pone el acento en mejorar las condiciones medioambientales y paisajísticas de estas viviendas irregulares, al mismo tiempo que dar seguridad jurídica a sus propietarios, de forma que se les pueda facilitar el acceso a los suministros básicos de luz, agua y saneamiento, regularizando esas viviendas dentro del planeamiento.

Este decreto ley tendrá éxito en función de las voluntades de los propietarios y ayuntamiento afectados por estas parcelaciones ilegales, ya que son los propios consistorios quienes tendrán que dar impulso a esta norma para que las viviendas que cumplan los requisitos establecidos puedan regularizar su situación.

Desde el Gobierno Andaluz recuerdan que este decreto ley no supone una “amnistía”, sino que pretende integrar, normalizar y equilibrar el territorio andaluz, pero al mismo tiempo se va a priorizar las inspecciones y las sanciones para que no se repita este problema de complicada solución.

CONTENIDO PROMOCIONADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA

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