Las primeras declaraciones de algunos miembros destacados del nuevo Gobierno socialista son muy preocupantes. Lo son, porque no parece lo más prudente comenzar en la escena pública diciendo que la reforma de la Constitución es urgente, viable y deseable. Lo ha defendido Meritxell Batet, la nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, en una jornada celebrada en Barcelona, bajo el título “Reforma constitucional, federal y con derechos”. Conociendo además los primeros contactos habidos entre Pedro Sánchez y Quim Torra, es inevitable interpretar estos primeros posicionamientos en la línea de posibles concesiones al independentismo catalán, como contrapartida al apoyo prestado a los socialistas en la moción de censura.

La ministra Batet peca de imprudente también cuando se refiere a la situación de Cataluña como un conflicto en el que no puede haber vencedores y vencidos, o cuando dice que es fundamental recuperar la palabra con Cataluña, identificando la propia Cataluña con tan solo aquella parte que corresponde a los independentistas. Afortunadamente, las reformas de calado constitucional solo podrían llevarse a cabo con un amplísimo consenso de las principales fuerzas parlamentarias. No parece que el complejo escenario que tenemos ahora mismo encima de la mesa sea el más idóneo para planteamientos de este tipo. Es cierto que la reforma constitucional no debe ser un tabú, pero de ahí a que tenga que venir de la mano de quienes pretenden deshacer España hay un gran trecho. Puede que, en efecto, sea urgente y deseable para la Ministra Batet, pero cabría esperar que, planteada de esta forma tan irresponsable, ni siquiera obtuviera el consenso de la totalidad del PSOE.