Después de la decisión que tome el juez del Tribunal Supremo sobre la prisión preventiva de los ex consejeros de la Generalitat, quizás convenga recordar que no estamos ni mucho menos ante un fallo sobre el fondo de la cuestión. Es una decisión sobre la privación de libertad, medida extrema contemplada en nuestro ordenamiento jurídico para circunstancias muy tasadas. Pablo Llarena, el juez del Supremo que lleva el caso, ha ido dando pistas sobre lo que de verdad cuenta, sobre el fondo del asunto. En sus autos ha argumentado que hay una conexión inescindible entre los hechos protagonizados por los miembros del destituido Gobierno de la Generalitat, los miembros de la Mesa del Parlament y los máximos responsables de ANC y de Omnium Cultural.

Y según el juez había “una hoja de ruta convenida entre los responsables políticos autonómicos, los responsables municipales y las asociaciones ciudadanas independentistas” para conseguir la independencia de Cataluña. Los actores de esa hoja de ruta hicieron un llamamiento al civismo, pero también ocuparon las calles con tractores, asediaron edificios del Estado y hoteles donde residía la policía, promovieron los cortes de carreteras y barricadas de fuego, amenazaron a los empresarios, y obligaron a los cuerpos policiales a emplear una fuerza que hubiera resultado innecesaria de otro modo. Por todo ello es razonable pensar que son responsables de un delito de rebelión. Y claro, de malversación. Eso es lo que piensa el juez.