Pedro Sánchez busca agotar la legislatura y olvidarse de convocar elecciones, como había prometido durante el debate de la moción de censura. Pero cada vez es más evidente que sus aliados circunstanciales, especialmente los separatistas catalanes, empiezan a impacientarse por la demora en el cobro de la factura de su apoyo. La estrategia de Sánchez consiste en ganar todo el tiempo posible mareando la perdiz del diálogo con propuestas como la que hizo ayer en el Congreso de un nuevo Estatuto para Cataluña, que permitiría una votación a modo de referéndum. Pero Sánchez sabe perfectamente que un nuevo Estatuto catalán, para ser aceptado por los separatistas, tendría que situarse al margen de la Constitución.

Es decir, entraríamos en la máquina del tiempo para retroceder al momento en que Rodríguez Zapatero aceptó alegremente un Estatuto que el Tribunal Constitucional se vio obligado a rechazar en parte. En este caso la solución, según Sánchez, habría que encontrarla en una reforma de la propia Constitución. Esta idea ronda al presidente del Gobierno desde hace tiempo bajo el envoltorio de la plurinacionalidad de España y de un federalismo que también rechazan los independentistas, y que además exigiría un amplio consenso que ahora mismo es imposible. Nada de esto parece preocupar demasiado a un Sánchez que solo trata de ganar tiempo y que ya ha empezado su campaña electoral con el programa expuesto ayer en el Congreso. Un programa que no ha interesado lo más mínimo a sus socios, obsesionados tan solo con cobrar lo que se les debe.