La ministra de Educación, Isabel Celáa, ha puesto sobre la mesa en la Comisión de Educación del Congreso una serie de medidas que están muy lejos de contribuir al diálogo educativo. La responsable del gobierno ha dejado claro que la asignatura de religión no será computable y por tanto dejará de tener efectos académicos. Tampoco tendrá una alternativa. Con esta decisión la asignatura queda en la indigencia y el derecho de los padres a elegir la formación en materia religiosa y moral de sus hijos en entredicho. Además se incumplen los Acuerdos entre la Santa Sede y el Reino de España.

El gobierno creará una asignatura obligatoria de valores éticos y cívicos, un espejo de la educación para la ciudadanía. Es una materia que puede deslizarse por la pendiente de la imposición de una Ética de Estado. Respecto a la educación concertada, Celáa se ha mostrado contraria a los colegios que apuestan por el sistema de educación diferenciada y ha añadido una peligrosa propuesta que puede traer consecuencias negativas para la concertada: el Ejecutivo modificará el artículo 109 de la Lomce que fija la previsión de plazas de la concertada “por demanda social”. En definitiva se posterga el derecho a la libre elección de centro por parte de las familias, frente a la planificación ideológica de las administraciones. Los madrugadores anuncios del gobierno de Sánchez hacen aún más difícil un pacto de Estado por la educación, mientras agudizan los errores de anteriores gobiernos socialistas.