Los obispos de Nicaragua se han enfrentado esta semana a una de las decisiones más difíciles de su historia. ¿Se puede plantear una mediación con un presidente que no ha tenido reparo en abrir fuego contra una manifestación pacífica de madres? Los cerca de 150 muertos que han dejado las fuerzas de seguridad y los grupos parapoliciales deslegitiman a Daniel Ortega para seguir en el poder. Esa desmedida respuesta a unas movilizaciones que comenzaron como simples protestas por la reforma de la seguridad social hace que la única solución posible sean unas elecciones libres, como pide la Organización de Estados Americanos. El problema es que esta crisis ha reabierto heridas que no va a ser sencillo cerrar. Por eso la Iglesia ha optado por dar a Ortega una última oportunidad, con condiciones muy precisas, para iniciar lo que denomina un proceso de «democratización».

La pelota está en el tejado del presidente, que a estas alturas debería saber que su intento de hacer de su país una nueva Venezuela solo puede acabar en tragedia. La transición ordenada hacia unas elecciones que eviten una polarización social todavía mayor sería la mejor solución, aunque seguirían quedando gigantescos retos pendientes, como la desigualdad y la inseguridad ciudadana. La situación no es mucho mejor en el resto de Centroamérica, pero la crisis política que ha provocado Ortega hace allí el problema completamente inmanejable.