Uno de los aspectos más ambiguos del “deshielo” emprendido por Pedro Sánchez con Quim Torra es la voluntad de separar drásticamente la “vía política” de los procedimientos judiciales en marcha. De hecho, todo el conflicto es consecuencia de la voluntad consciente y deliberada del secesionismo de incumplir las leyes y salirse de la Constitución. De ahí que hasta ahora haya sido imposible un diálogo constructivo. Ahora Sánchez plantea separar ambas vías cuando todo proceso político en una democracia parte del cumplimiento de la ley. El primer problema se le plantea a Sánchez una vez que el juez Pablo Llarena ha puesto fin a la instrucción del proceso, acusando formalmente del delito de rebelión a los parlamentarios imputados, lo que implica la suspensión automática de sus funciones políticas.

Sometido como está a las órdenes del principal de los acusados, su antecesor en el cargo, Carlos Puigdemont, el presidente Torra dice no estar dispuesto a obedecer al Supremo. Pero lo que importa es la respuesta que dará Sánchez a esta nueva desobediencia, en caso de consumarse, obligado como está de recurrirla ante el Tribunal Constitucional como ha sido la norma del anterior gobierno de Mariano Rajoy. Se quiera o no, existe una conexión evidente entre la política y la acción de la justicia, así que Sánchez se ha metido en un laberinto del que tarde o temprano habrá de salir. Sobre todo porque Torra exhibe sin tapujos su proyecto de llevar a Cataluña a la independencia sin importar los procedimientos.