Ayer se vivió una reveladora sesión en el Congreso de los Diputados. Por un lado, toda la oposición votó en contra de una propuesta de “Ciudadanos” en la que se solicitaba el apoyo al Gobierno en su gestión del desafío separatista. Y por otro, con la única abstención del Partido Popular, se aceptó la tramitación del proyecto de ley presentado por Podemos sobre discriminación sexual o “ley LGTBI”, que en su actual formulación supone un verdadero ataque a las libertades de conciencia, de expresión y de educación.

El PSOE, efectivamente, ha querido guardar la ropa en su negativa a apoyar al Gobierno, al reafirmar después su respaldo a lo que disponga antes del 1 de Octubre, aunque ya se intuye que seguirá con su obsesión de reformar la Constitución para dar una supuesta solución política al separatismo, rechazada de antemano por los partidos separatistas. En cuanto a la ley LGTBI, el Partido Popular se contenta con el acuerdo de que será modificada en los debates parlamentarios.

Pase lo que pase en Cataluña el 2 de octubre, la estrategia de la oposición pasa por una reforma de la Constitución, que no afectaría sólo al modelo territorial sino también a la definición de derechos y libertades fundamentales. Por eso ha llegado el momento de que la sociedad civil eleve la voz en el debate público para reivindicar y renovar los valores que sustentan el pacto de convivencia del 78, que permitió que ninguna identidad quedase excluida de nuestra vida común.