La prisión provisional decretada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela para siete exconsejeros de la Generalitat ha provocado el corte de algunas carreteras en Cataluña, de la Gran Vía de Barcelona y del tráfico ferroviario. Los cortes han sido protagonizados por estudiantes y por miembros de los llamados Comités de Defensa de la República, que son órganos creados para mantener la agitación una vez que se ha aplicado el artículo 155. Es fácil restringir la libertad de circulación de los catalanes de forma puntual, bastan unas cuantas personas decididas a restringir derechos de los demás en nombre de un supuesto derecho a la soberanía que no existe. Ya hay convocada una huelga general para el próximo 8 de noviembre por el sindicato CSC. Se trata de una nueva huelga política que restringirá los derechos de quien quiere trabajar por una protesta contra las decisiones del Estado de Derecho. Ya veremos cuál es su incidencia. Es fácil lograr algunos efectos si se recurre a piquetes coercitivos. Pero el paro en este caso no está apoyado por un Gobierno autonómico, acusado de rebelión.

Hay que poner todo lo que está sucediendo en perspectiva. Hace una semana no sabíamos si habría una gran resistencia política y social a la aplicación del 155. Se ha aplicado ese artículo, los jueces han tomado las decisiones que les han parecido pertinentes y el resultado ha sido, más allá de la fuga del ex-president, la aceptación práctica de la intervención política y administrativa sin tener que lamentar incidentes importantes. No es poco.