Hoy ha arrancado el juicio contra los acusados por agredir a dos guardias civiles y sus respectivas parejas en un bar de la localidad navarra de Alsasua, en octubre de 2016. En sus primeras declaraciones los inculpados han tratado de echar balones fuera y de presentar diferentes estrategias procesales para tratar de convencer al juez de que no hubo violencia física. Sus relatos están llenos de contradicciones y casan mal con algunas pruebas evidentes. Como ha dicho la madre de uno de los guardias civiles, los hechos acaecidos poco tienen que ver con una pelea de bar, cuando existen amenazas de muerte y a su hijo le causaron lesiones tan graves que ha tenido que estar un año y medio de baja.

En todo este tiempo, las familias han recibido numerosas muestras de apoyo desde diversos ámbitos de la sociedad española. Son significativos, sin embargo, silencios como el del alcalde de Alsasua o apoyos como los del Parlamento navarro, Podemos, Bildu, PDeCat, ERC y PNV, que llegaron a recibir en el Congreso a los familiares de los presuntos agresores.
No se puede consentir la legitimación de ninguna forma de violencia callejera, independientemente de si al final el juez considera o no como terrorismo los delitos que se imputan a los agresores. Esa legitimación política y social forma parte del caldo de cultivo que necesitan los violentos para arropar su estrategia de acoso y exclusión social que, por desgracia, tiene ya un largo y preocupante historial tanto en el País Vasco como en Navarra.