El Consejo Europeo de urgencia sobre inmigración ha concluído con un acuerdo político que rebaja la tensión pero deja muchas preguntas. Redactado en términos genéricos, contempla la creación voluntaria de “centros controlados” en los que se separe a los refugiados, con derecho a permanecer en la Unión Europea, de los inmigrantes económicos que serían devueltos a sus países de origen. Esta medida pone fin a las cuotas obligatorias de reparto, dado que dan la posibilidad a los Estados de decidir a cuántos refugiados acogen.

Los veintiocho también han decidido el apoyo financiero a los países de origen y de tránsito de los inmigrantes, con la trasferencia de 500 millones de euros al fondo fiduciario de la UE para África. El Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la Unión destine más recursos a España para liderar la respuesta a los flujos migratorios en el mediterráneo occidental.

En este Consejo se ha percibido una vez más dificultad de ofrecer una respuesta común al fenómeno de las migraciones. Estos acuerdos políticos, que pretenden salvaguardar la cohesión europea y la política de fronteras y de seguridad, son insuficientes para afrontar la magnitud del desafío migratorio. En realidad, este desafío saca a la luz las debilidades culturales y políticas del proyecto de unidad europeo.