En el Consejo Europeo celebrado en Bruselas se ha llegado a un acuerdo bastante genérico sobre la cuestión migratoria. Es una buena noticia que haya habido acuerdo después de las numerosas tensiones vividas en las últimas semanas y de los vetos que había formulado Italia. Estamos lejos de una crisis migratoria a gran escala como la que vivió Europa en 2015, pero los espejismos políticos habían creado la sensación de encontrarnos en una situación insostenible. Es una buena noticia que los socios de la Unión se comprometan a ayudar a los países del sur y a aumentar en 500 millones los fondos destinados a África. Pero el acuerdo es demasiado impreciso y el dinero es todavía demasiado poco como para que pueda pensarse que el problema ha quedado resuelto. De nuevo, se aplaza la necesaria reforma del derecho de asilo.

Lo más concreto ha sido la apuesta por los centros cerrados en suelo europeo donde los inmigrantes serán identificados. Esto permitiría en principio reducir la presión en algunas zonas de llegada. También se abre la posibilidad de poner en marcha las llamadas plataformas de desembarco en países de África para realizar esas identificaciones y el reconocimiento de la condición de refugiado. La ONU ya ha expresado sus dudas sobre estas fórmulas de “subcontratación” de los flujos migratorios que pueden no tutelar los derechos humanos.