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Cuestión de libertad y de derecho

El presidente Sánchez tiene la obligación de reclamar a la Generalitat que aplique lo dictado por el Supremo y de vigilar su cumplimiento

Tiempo de lectura: 1Actualizado 19:35

A estas alturas ya no sorprende la irresponsable reacción del consejero de Enseñanza de la Generalitat, Josep González Cambray, ante la sentencia del Tribunal Supremo que ordena que en todos los centros educativos de Cataluña se imparta al menos el 25% de las asignaturas en castellano. Esta sentencia culmina un largo proceso judicial. En una carta a los profesores, el consejero catalán pide que se mantengan los proyectos de inmersión lingüística en los colegios y, por tanto, que no se aplique lo que ha dictado en firme el Alto Tribunal. El propio presidente de la Generalitat ha calificado la sentencia de injerencia y falta de respeto a los docentes. Se trata de un desacato a la ley en toda regla, uno más dentro de una larga historia de deslealtad institucional.

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