El Senado ha instado hoy por unanimidad al Gobierno a adoptar medidas para prevenir y evitar los efectos medioambientales causados por algunos productos higiénicos, como las toallitas húmedas, cuando son desechadas por el inodoro.

La moción, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (GPV), y aprobada por asentimiento durante la sesión plenaria, urge al Ejecutivo a implementar medidas urgentes y efectivas, tanto normativas como de concienciación de productores y usuarios.

El senador José María Cazalis, del Grupo Parlamentario Vasco (GPV), defensor de la moción, ha planteado que la Asociación Española de Normalización (UNE) tendrá el apoyo del Gobierno para elaborar los criterios estándar de las características técnicas de las citadas toallitas para poder ser desechadas por el inodoro.

Cazalis ha explicado que esta moción "contenta a todos" y ha instado al sector empresarial a identificar en sus productos, cuales son o no biodegradables, y al Gobierno a que realice una campaña estatal de concienciación de que solo se pueden tirar al inodoro las denominadas 3P (en inglés pee, po and toilet paper), o "pipí, popó y papel higiénico" como ha traducido el senador vasco.

A su juicio, es necesario etiquetar estos productos con claridad porque la publicidad engañosa ha derivado en una asimilación de los usuarios de estos materiales contaminantes al papel higiénico convencional, y su vertido en el inodoro ya se realiza con total normalidad.

Además, España pedirá a las instituciones europeas una norma ISO para concretar las normas internacionales de estos productos así como a incentivar desde la Unión Europea (UE) que incluya a estos materiales dentro de la estrategia europea sobre plásticos y erradicar así el grave problema medioambiental que representan.

Los senadores en sus respectivos turnos de palabra han pedido a la industria del sector que se involucre en las necesidades ambientales actuales, y al Gobierno una normativa porque es un problema que no deja de crecer.

El senador del Grupo Popular, Claudio Gutiérrez, ha reconocido la sensibilidad demostrada en el Ministerio de Agricultura y en el de Sanidad para resolver la situación, y ha señalado la "muy grave" incidencia económica y de gestión que recae en los servicios de saneamiento municipales y regionales.