La sanción millonaria que el Tribunal Europeo impuso a España por la mala depuración de las aguas residuales "erosiona" la credibilidad del país, resta recursos que se podrían dedicar a mejorar la calidad del agua y amenaza el acceso a posibles fuentes de financiación europeas, según el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Así lo ha puesto hoy de manifiesto en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, en donde ha comparecido para informar sobre las causas y las consecuencias de la multa millonaria que el Tribunal de Justicia de la UE ha impuesto a España por incumplir la correcta depuración de sus aguas residuales en 17 importantes aglomeraciones urbanas.

La sentencia condenó a España a abonar a la Comisión Europea una multa coercitiva de 10,9 millones de euros por cada semestre de retraso y una suma de 12 millones de euros por el retraso en atender las obligaciones de tratamiento de las aguas residuales de nueve aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes.

Morán ha calificado de "inadmisible" y de "desastrosa" la situación que se encontró el actual Gobierno en materia de depuración de aguas residuales y ha asegurado que el Ejecutivo trabaja ahora "contra reloj" para revertirla.

El secretario de Estado ha recordado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE se refería al retraso en atender el correcto tratamiento de las aguas residuales en 17 aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes.

Morán ha informado de que el Estado ya ha adelantado el pago de los 12 millones de euros de la multa, pero también de que el Gobierno está preparando un acuerdo para llevarlo al Consejo de Ministros para repercutir esa cantidad sobre las administraciones públicas que han sido responsables de los incumplimientos.

De las 17 aglomeraciones urbanas afectadas por la sanción, 8 ya están en situación de cumplimiento, ha explicado Hugo Morán, que ha señalado que son las de San Pedro de Alcantara (Málaga), Noreste (en Valle de Guerra-Tenerife); Benicarló, Peñíscola (Castellón), Teulada Moraira (Rada Moraira, en Alicante), Aguiño-Carreira-Riberia (A Coruña), Santiago de Compostela y Vigo.

De las nueve que siguen en situación de incumplimiento, cuatro han sido declaradas ya de interés general y el Estado está ya trabajando en ellas; son las de Nerja (Málaga), Matalascañas (Huelva), Barbate (Cádiz) y Gijón este.

Las cinco restantes son de competencia autonómica: Alhaurín el Grande (Málaga), Coín (Málaga), Isla Cristina (Huelva), Valle de Güimar (Tenerife) y Tarifa (Cádiz), ha explicado Morán, quien ha señalado que Tarifa ya tiene la estación depuradora, aunque las muestras que se han obtenido fuera del periodo estival, cuando la carga es más elevada, no satisfacen la directiva europea.

Así, el secretario de Estado ha adelantado que está previsto que el próximo año concluyan las estaciones depuradoras de Nerja, Alhaurín el Grande, Coín, Isla Cristina y Gijón este; y que en 2020 acaben las de Matalascañas y Valle de Güimar.

La actuación más retrasada es la de Barbate, ha informado Morán, y ha precisado que está no entrará en funcionamiento hasta, previsiblemente, el año 2022.

El secretario de Estado ha observado que además de esta sanción, España se enfrenta en la UE a otros cuatro procedimientos de infracción en materia de saneamiento y depuración, y que uno de ellos afecta a aglomeraciones con una población de 10.000 habitantes que vierten en lugares en los que se requiere un mayor control de la contaminación.

Estas son las de Marín-Poio-Bueu (Pontevedra), Berga (Barcelona), y Figueres y el Terri-Banyoles (Girona).

Además, Morán se ha referido a las cerca de 2.100 "aglomeraciones" con más de 2.000 habitantes que también deberían depurar correctamente sus aguas residuales, y ha advertido que 550 están en situación de incumplimiento.

El secretario de Estado ha informado de que para hacer frente a esta situación, el Gobierno va a lanzar el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (DSEAR, que incluye unas 3.500 actuaciones concretas y una inversión estimada de 10.000 millones de euros en los próximos 18 años.

Morán ha precisado que dos terceras partes de esas actuaciones corresponden a las comunidades autónomas y un tercio a la administración central y a los ayuntamientos.