El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde al Plan de Contratación Pública Ecológica (CPE) para el periodo 2018-2025, que permitirá a todas las administraciones públicas reducir su huella de carbono al seleccionar bienes y servicios por sus aspectos ecológicos.

Los objetivos del plan son promover la adquisición por parte de la administración pública de bienes, obras y servicios con el menor impacto medioambiental posible, impulsar la Estrategia Española de Economía Circular y apoyar con medidas concretas un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, señala el Ejecutivo en una nota.

La contratación pública ecológica introduce criterios de sostenibilidad en la selección de empresas, como contar con un sistema de gestión ambiental adherido al Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoria, conocido como EMAS, o elegir bienes con una larga vida útil en detrimento de aquellos con obsolescencia programada.

A través de la contratación verde, la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social podrán reducir su huella de carbono y al mismo tiempo adquirir bienes, servicios o productos con menor huella, así como promover e implementar políticas y estrategias ambientales de la Unión Europea.

La Administración pública contará con un plazo de un año desde la publicación en el BOE del presente plan para establecer un marco de actuación en el que se recojan los objetivos mínimos de incorporación de criterios ecológicos en los contratos formalizados entre 2018 y 2025.

Una vez finalizada la vigencia del plan, se procederá a su revisión y actualización si así lo acuerda la Comisión Interministerial (regulada por el Real Decreto 6/2018, de 12 de enero).

El Gobierno explica que la denominada Estrategia Europa 2020 recoge el papel clave de la contratación pública como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben servir para lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos.

Además, la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, entre las que se incluyen las administraciones públicas y las empresas públicas, establece el compromiso de contribuir a alumbrar modelos de gestión sostenibles en el tiempo que aprovechen todas las posibilidades que ofrece el marco jurídico.