(Corrige el antepenúltimo párrafo de la NA2226: es una proposición no de ley)

El Congreso ha pedido hoy al Gobierno que desarrolle un plan de incentivos económicos para la adquisición de vehículos eléctricos y propiciar el despliegue de una infraestructura de recarga que sea de acceso público.

La Comisión para la Transición Ecológica de la Cámara Baja ha aprobado una proposición no de ley del grupo socialista que insta al Gobierno a adoptar un paquete de medidas para potenciar la movilidad eléctrica en el transporte de viajeros.

Entre esas medidas, la proposición, que ha sido aprobada por unanimidad, plantea que las administraciones públicas deben asumir un papel ejemplarizante en la compra de vehículos eléctricos, además de desarrollar campañas específicas de promoción de la movilidad eléctrica en flotas y asociaciones gremiales.

El texto insta al Ejecutivo a definir una estrategia para la transformación de la industria automovilística y sus industrias auxiliares, pero también a planificar las infraestructuras ferroviarias destinadas al transporte de mercancías con un horizonte de quince años y definir los corredores que serán "clave" en ese transporte en España.

Favorecer la penetración del camión ligero eléctrico o potenciar el uso del gas natural y el suministro de electricidad en los buques y en los puertos son propuestas incluidas en el texto que ha aprobado hoy el Congreso de los Diputados.

Plantea además la posibilidad de destinar ayudas económicas para adaptar los buques que están atracados en puerto al consumo eléctrico, y exenciones fiscales o ayudas directas para incentivar las inversiones de los armadores y adaptar los buques al consumo de gas licuado.

La proposición no de ley recuerda que la contaminación causa cada año unas 500.000 muertes prematuras en Europa -unas 30.000 en España- y que los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes a causa del cambio climático, suponen cada año pérdidas de 400.000 millones de euros en Europa.

España, subraya el texto, debe reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 80 y un 95 por ciento hasta 2050 para cumplir con los objetivos de descarbonización que ha establecido la Unión Europea.

Frente a la industria o la edificación, la iniciativa de los socialistas señala que el transporte dispone de una mayor madurez en las soluciones técnicas que favorezcan su descarbonización.