El Parlamento Vasco, con el apoyo del PNV, PSE y Elkarrekin Podemos, ha pedido al Gobierno autonómico que active el procedimiento de inconstitucionalidad contra el real decreto de seguridad digital para resolver con el Estado en la comisión bilateral las discrepancias sobre las medidas que recoge.

La Diputación Permanente del Parlamento Vasco ha debatido una iniciativa original de EH Bildu de rechazo al real decreto que aprobó el Ejecutivo en funciones de Sánchez el pasado noviembre que permite al Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, asumir la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en casos excepcionales y de manera transitoria.

Estos escenarios son los que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional. El real decreto fue convalidado el 27 de noviembre en la Diputación Permanente del Congreso con el apoyo del PSOE, PP y Cs. Unidas Podemos se abstuvo.

Su aprobación generó una gran polémica sobre todo después de que Sánchez asegurara que serviría para frenar los intentos del independentismo de extender lo que se conoce como la "república digital" catalana.

Este viernes el Parlamento Vasco ha aprobado una enmienda transada por el PNV y PSE, socios en el Gobierno de Iñigo Urkullu, y Elkarrekin Podemos. EH Bildu se ha abstenido y el PP ha votado en contra.

Así, la Cámara vasca ha instado al Gobierno Vasco a que acuerde interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto. Una vez formalizado se convocaría la comisión bilateral entre las administraciones vasca y central para solventar las diferencias existentes.

Si en esa comisión no se alcanzara un acuerdo entre las partes se activaría formalmente el recurso.

También la Cámara ha reclamado al Gobierno central que negocie con los grupos del Congreso la reforma de este real decreto con el fin de superar las discrepancias y para que se garantice que ninguna actuación de la administración pueda afectar al derecho a la información y a la libertad de expresión "asegurando que exista siempre un control judicial".

Asimismo el Parlamento ha exigido que no se pueda producir la intervención de redes y servicios electrónicos si ello supone una restricción de los derechos fundamentales y que toda orden de cese de actividad sea siempre motivada y pueda ser recurrible inmediatamente.

La intervención más esperada de hoy en el Parlamento era la del PSE, debido a que el decreto fue aprobado por el Gobierno de Sánchez y apoyado por el PSOE en el Congreso.

La parlamentaria Alexia Castelo ha precisado que su grupo no rechaza el Real Decreto sino que lo que busca es que se abra un diálogo entre las administraciones para que se aclaren y modifiquen determinadas cuestiones que pueden motivar "suspicacias" respecto a un "posible uso arbitrario" de las medidas recogidas.

Ha insistido que el PSE está de acuerdo con el objetivo del decreto que busca la protección de datos de los ciudadanos pero lo que se pretende es que se introduzcan "garantías adicionales" que destierren esas "dudas de actuaciones arbitrarias".

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También Castelo ha recordado que ya hay "un compromiso" del PSOE para abordar este asunto recogido en el acuerdo que firmó con el PNV para apoyar la investidura de Sánchez.

A este acuerdo se ha referido el parlamentario del PNV Gorka Álvarez, quien ha recordado que en uno de sus puntos se incluye la modificación de los contenidos del decreto digital porque tal como esta ahora permite un control del Estado que coloca en "situación de dependencia" a las administraciones locales y autonómicas.