FACUA rechaza la enmienda a la Ley Sinde que propone el cierre de webs sin autorización judicial. FACUA-Consumidores en Acción ha expresado su rechazo a la enmienda a la Ley de Propiedad Intelectual, conocida como Ley Sinde, que propone el cierre de páginas web sin la necesidad de autorización judicial previa.

El texto de la enmienda registrado por el PSOE, junto con PP y Ciudadanos, en el Congreso presenta una enmienda a la Ley de Propiedad Intelectual en la que se propone que el cierre de páginas web que hayan incumplido de forma reiterada esta norma no requiera de una autorización judicial.

El nuevo texto indica que "la ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa".

Esta medida es peligrosa, supondría dejar en manos de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, la conocida como Comisión SINDE, el cierre de estas páginas. Es decir, de un órgano ejecutivo y no de uno judicial. En este sentido, la asociación considera que esta medida supone un "retroceso en materia de libertad de expresión", ya que deja en manos de una comisión administrativa la clausura de una página, como ha explicado en un comunicado.

Esta medida en las redes sociales y por parte de los políticos. Ejemplo Unidos Podemos. Su portavoz de Cultura, Eduardo Maura, ha asegurado que su grupo parlamentario no votará a favor de estos cambios en el artículo 195, un texto que, según ha explicado, es "ya de por sí muy delicado" y cuya redacción "no era clara" ya en la anterior normativa. Maura advierte que este artículo "tiene consecuencias importantes en materia de multas y sanciones".

"Defendemos el primado de la vía judicial para resolver los conflictos que de hecho se dan y que la justicia tenga más recursos en la materia. Así podrá fallar antes y con más garantías", ha explicado el diputado 'morado'.

Precisamente, un exdiputado del grupo confederal en la anterior legislatura, David Bravo, ha iniciado una campaña de protesta a través de la rede social de Twitter. A través de varios mensajes ha explicado que esta propuesta de eliminar el control judicial para cerrar webs se frenó en 2011 porque "era una píldora demasiado grande para nuestras tragaderas". Para Bravo la decisión tomada ahora por PSOE, PP y Ciudadanos se puede deber a que ahora creen que la ciudadanía tiene "las tragaderas mucho más anchas". "No se equivocan", ha apuntado.

FACUA se suma a las diferentes organizaciones y expertos en el ámbito de derechos de autor que han alertado sobre la pérdida de libertades que puede suponer la enmienda si se usa mal. Así, David Bravo, abogado especializado en propiedad intelectual, ha explicado que "en el momento en que es ese órgano quien decide qué es una infracción, cuándo estaremos ante una reiteración y cuándo ante una reanudación de la infracción, resulta evidente que serán ellos mismos quienes decidirán unilateralmente estar en el supuesto denominado como grave, que les permite saltarse el control judicial".

De igual forma, el abogado experto en propiedad intelectual Javier de la Cueva ha señalado que la enmienda supone "dotar a la administración de una potestad totalmente arbitraria, esta vez suprimiendo totalmente la autorización judicial. Basta con calificar unilateralmente la presunta infracción como reiterada para que el procedimiento aplicable prescinda de dicha autorización".