Vox ha registrado este miércoles una iniciativa parlamentaria en la que reclama al Ministerio del Interior más control de los menores extranjeros no acompañados para evitar su desaparición y que provea de los medios humanos y materiales necesarios a los cuerpos y fuerzas de seguridad para la búsqueda e investigación de estas desapariciones.

Esta iniciativa de la formación de Abascal surge de los datos facilitados por el Centro Nacional de Desaparecido, en los que se recoge que las provincias de Cádiz, Granada y Almería, junto con Málaga y Las Palmas, aglutinan la "mayor tasa de menores de edad desparecidos en relación con su población".

Estos números, a juicio de Vox, tienen un especial interés "si se tiene en cuenta que de las 2.839 denuncias activas en todo el territorio nacional, el 37% (1.059) corresponden a menores extranjeros que siguen bajo la tutela del Estado".

"Los menores extranjeros tutelados que, o bien se fugan o voluntariamente solicitan la salida de los centros de acogidas, tienen que ser extremadamente controlados para evitar que ocurran situaciones de mayor riesgo para los menores, como los recientes abusos a menores tuteladas en Asturias o los connotados hechos acaecidos en Mallorca", apunta el partido en el texto registrado.

UNA "NEGLIGENCIA DEL GOBIERNO"

Además de denunciar esta situación de desaparición, que definen como "terrible lacra social", Vox pide explicaciones al departamento de Fernando Grande-Marlaska, al que insta a poner en marcha medidas para mejorar el control a los menores en centros tutelados y evitar sus desapariciones.

Del mismo modo, quiere saber si se ha dotado a las fuerzas y cuerpos de seguridad con medios humanos y técnicos específicos para la búsqueda e investigación de desaparecidos, y si tiene el Ejecutivo conocimiento de cuántos menores tutelados han sido víctimas de delitos durante el año 2020.

Esta iniciativa de Vox, explica el partido, engrosa una lista de propuestas que los de Abascal han llevado al Congreso para denunciar "las trágicas consecuencias de la irresponsable política migratoria del Gobierno y del efecto llamada que genera".

A su juicio, "a los fallecidos en el Mediterráneo mientras intentan llegar a costas españolas y a los problemas de seguridad y convivencia que algunos de los inmigrantes ilegales generan en España, se suma ahora una tercera vertiente: la de la negligencia del Gobierno en la tutela de los menores a los que recibe".