El personal sanitario que administra las vacunas no se arriesga a ser juzgado como responsable de cometer crímenes de guerra, como advierte de forma engañosa un mensaje viral que insiste en algunas de las falsedades vinculadas a los preparados contra la covid-19.

En las últimas semanas se ha difundido en Facebook un mensaje en el que hace una "advertencia" a "todos los sanitarios, médicos y enfermeras", según la cual estos profesionales podrán "ir a juicio por responsabilidad en crímenes de guerra".

Añade este texto que el "deber" del personal sanitario es "informar al paciente" de que "la vacuna es experimental" y no tiene "garantía de inmunidad", además de que con ella inoculada todavía se puede "propagar la enfermedad".

También insta a alertar sobre sus "daños" y el riesgo de "muerte".

El mensaje invita a consultar la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unesco, la Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial y el Código de Núremberg.

HECHOS: La administración de vacunas seguras y eficaces, como son las de la covid-19 aprobadas por las autoridades, no es un delito y menos aún un crimen de guerra, por lo que el personal sanitario no debe informar de que estos medicamentos son experimentales, lo que también es falso.

Tampoco constituye un riesgo importante para la salud, porque las probabilidades de sufrir efectos adversos es mucho menor que el peligro de contraer la enfermedad, como recuerdan las autoridades sanitarias.

Además de que la vacunación es beneficiosa para la sociedad, una de las causas que imposibilita que el personal sanitario pueda ser juzgado por responsabilidad en crímenes de guerra es que estos solo pueden darse durante un conflicto bélico, como se estipula en el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Este estatuto rige el funcionamiento de la Corte Penal Internacional de La Haya, encargada de juzgar los crímenes de guerra desde el 1 de julio de 2002.

NI PELIGROSAS NI EXPERIMENTALES

El mensaje engañoso también cita la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unesco y la Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial, en las que se recogen principios éticos como que las intervenciones deben llevarse a cabo con el consentimiento libre e informado de los pacientes o que los facultativos están obligados a velar por el bienestar de los pacientes.

De un modo parecido se refiere al Código de Núremberg, que recoge unos principios por los que se limita la experimentación médica en humanos.

En ninguno de estos textos hay referencias a las vacunas y su mención carece de sentido porque estos medicamentos ni son peligrosos, ni experimentales.

De hecho, han sido las principales autoridades sanitarias -la Organización Mundial de la Salud (OMS), las agencias de medicamentos internacionales y los gobiernos- las que han autorizado y recomendado su uso.

Esa actuación se explica porque las vacunas son seguras y eficaces, como han demostrado los ensayos clínicos realizados sobre sus efectos y las evaluaciones de las mismas agencias especializadas, lo que refuta que sean experimentales.

LAS VACUNAS SÍ INMUNIZAN

Con más de 1.500 millones de personas que han recibido al menos una dosis de las vacunas contra las covid-19 en el mundo, sus efectos adversos son considerados como excepcionales por parte de las agencias de medicamentos.

El cuestionamiento que hace el mensaje viral sobre la capacidad de inmunización de las vacunas contradice, por otra parte, los resultados de los estudios científicos.

Ejemplo de ello es que la agencia estadounidense de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ha determinado que las vacunas de Pfizer y Moderna proporcionan una inmunidad del 80 % tras la primera dosis y del 90 % después de la segunda.

Estas cifras han sido superadas por la experiencia en Israel, donde la vacuna de Pfizer ha demostrado ser capaz de prevenir el 96,7 % de la muertes y de reducir en un 97,5 % las posibilidades de sufrir una manifestación grave de la enfermedad, según una investigación publicada en la revista médica The Lancet.

Por tanto, la afirmación de que el personal sanitario dedicado a la vacunación puede ser juzgado por haber cometido crímenes de guerra es infundada, dado que esa actuación es beneficiosa para la sociedad y no se trata de un crimen de guerra, una violación legal que solo puede ser cometida durante un conflicto bélico.

Tampoco son ciertas las razones que el mensaje engañoso argumenta como base para ese supuesto crimen de guerra porque las vacunas han sido suficientemente probadas y han demostrado sus beneficios, con un alto porcentaje de prevención de muertes y del desarrollo de síntomas graves de la covid-19. EFE