Más de un año después de que el Congreso aprobara el Decreto Ley que devolvía la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares, la ONG "Yo Sí, Sanidad Universal" denuncia que la exclusión sigue vigente y va a llevar a los tribunales a las administraciones sanitarias, a nivel estatal y autonómico.

Un informe elaborado por esta organización recoge más de 300 casos de personas que no reciben asistencia sanitaria a pesar de que tienen derecho a ello, aunque solo son "la punta del iceberg de los miles" de ciudadanos excluidos del sistema sanitario.

En respuesta a la "vulneración" de derechos de las administraciones autonómicas y a la "inacción" del Ministerio de sanidad, la oenegé ha puesto en marcha la campaña "A juicio la exclusión sanitaria", que pretende llevar ante los tribunales a los organismos competentes en materia de sanidad.

Según ha explicado en rueda de prensa el abogado Javier Moreno, están ya trabajando en un recurso de amparo contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y están estudiando acudir también al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin dejar de lado los cauces administrativos.

La exclusión da lugar a una "situación dramática", ha denunciado Clara Benedicto, médico de familia y miembro de la ONG, quien ha puesto también de manifiesto el "gran desconocimiento que existe entre la población y los propios profesionales sanitarios sobre lo que está ocurriendo".

Esta organización asegura que "la supuesta" la ley de universalidad ha provocado la expulsión del sistema sanitario de los ascendientes reagrupados: madres y padres que han obtenido la tarjeta de residencia como familiares de sus hijos españoles, a los que se les obliga a tener un seguro sanitario.

Benedicto ha denunciado también la "inconcreción" de la normativa en lo que respecta a la atención sanitaria a personas que llevan en España menos de 90 días, ya que se les considera que están en estancia temporal, como si fueran turistas.

Aunque la ley establece "claramente" que cada caso debe ser valorado por los servicios sociales, no se está haciendo, incluso a la oenegé le han llegado denuncias de algún trabajador social que ha sido coaccionado para que no emita ningún informe.

En esta situación se encuentran menores, solicitantes de asilo y mujeres embarazadas, historias humanas detrás de la exclusión como la de Tomasa, originaria de Perú que llegó a España cuando estaba en el séptimo mes de gestación.

Ella ha contado su caso en primera persona y ha asegurado que hasta en tres ocasiones acudió al centro de salud Miraflores, de la localidad madrileña de Alcobendas y al Hospital Infanta Sofía, aportando su documentación de solicitante de asilo y todas las veces le denegaron la asistencia argumentando que no llevaba 90 días en España.

Un mes antes de dar luz, gracias al empeño de la asistente social logró ser atendida el tiempo restante hasta el parto.

Aunque un numero importante de casos proceden de la Comunidad de Madrid, debido probablemente a que es el territorio en el que "Yo Sí, Sanidad Universal" tiene una mayor implantación, el hecho es que la "vulneración de la ley" se da en mayor o menor medida en todas las comunidades autónomas.