El sistema de atención a la dependencia sigue marcado por "deficiencias e incoherencias", con pagos excesivos desde el IMSERSO a las comunidades autónomas, más de 250.000 personas con derecho a prestación que no la percibían a finales de 2018 y más de un año de espera desde la solicitud.

Son algunas de las conclusiones del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, hecho público este martes, tras analizar el cumplimiento de las recomendaciones que la institución dirigió en 2013 tanto a la administración general del Estado como a las comunidades autónomas.

Algunas de aquellas recomendaciones han sido atendidas, pero el informe muestra que varias siguen en el aire y que el sistema sigue presentando "anomalías y deficiencias", en muchos casos por una mala gestión de la información, problema que persiste con la nueva aplicación informática, y falta de controles internos.

Según la fiscalización, esa falta de controles internos sobre el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ha llevado a que se incrementen las deficiencias observadas hace años.

El Tribunal de Cuentas estima que en 2018 se abonaron de forma indebida a las comunidades autónomas cerca de 284 millones de euros en concepto de nivel mínimo de protección, aunque las comunidades también pudieron dejar de percibir fondos públicos a los que tenían derecho.

Todo porque no se ha revisado la información obrante en el sistema que maneja el IMSERSO para adecuarla a la recogida en los sistemas de información de las comunidades, lo que, además de pagos indebidos, provoca distorsiones en los datos estadísticos.

Pero no solo la administración general del Estado ha incumplido recomendaciones.

El Tribunal advierte de que las comunidades autónomas no han tomado medidas para cumplir el plazo máximo legal para resolver las prestaciones por dependencia y señala que, a 31 de diciembre de 2018, ese plazo se había incrementado hasta una media de 383 días.

Tampoco han actualizado la información que remiten al sistema de información general.

A fines de 2018, apunta el Tribunal de Cuentas, el número de beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que no percibían la prestación reconocida a nivel nacional continuaba siendo elevado (250.037 personas, el 19,17% del total de beneficiarios con derecho a prestación).

El informe señala que las anomalías y deficiencias se han visto incrementadas tras la implantación de la nueva aplicación informática en el IMSERSO, que debería haber detectado casos de expedientes duplicados, incoherencias de fechas o fallecimientos

Pero las comunidades, como órganos gestores de estas prestaciones, "han demostrado una escasa diligencia en la debida actualización de la información remitida a la aplicación informática, incumpliendo de esta forma el principio de cooperación interadministrativa inspirador de la Ley de Dependencia", añade.

El Tribunal alerta además de posibles "irregularidades" en el desarrollo de esa aplicación informática, que podrían suponer una vulneración de los principios contractuales de igualdad y transparencia.

Se realizaron siete contratos por un importe conjunto de 1,6 millones de euros, con poca concurrencia, y una misma empresa resultó adjudicataria de seis de ellos. Se llegó a superar también el límite de subcontratación permitido legalmente.

El IMSERSO contrató además de manera independiente el mantenimiento de dos subsistemas con un sobrecoste estimado de más de 800.000 euros y la adjudicataria fue la misma empresa que se había hecho con la mayoría de los contratos, que recurrió a la subcontratación. EFE