Un total de 408.771 docentes de toda España --a excepción de Cataluña, Ceuta y Melilla-- celebrarán el próximo martes 4 de diciembre las elecciones sindicales en el ámbito de la enseñanza pública, así como elecciones en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Región de Murcia (38.183 trabajadores).

Según ha indicado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ofrece sus candidaturas a estas elecciones como "una respuesta al clima de incertidumbre por la falta de un acuerdo político básico en la educación española".

El sindicato ha criticado que "en los últimos 15 años se han aplicado cinco reformas educativas" y ha añadido que "la situación actual --con la política errática del Ministerio de Educación, más interesado en realizar anuncios a los medios de comunicación que en negociar políticas efectivas con los representantes sindicales-- no arroja lamentablemente ninguna luz hacia el futuro de la educación y de la labor docente que es crucial para los retos que afronta la sociedad española".

Asimismo, CSIF considera necesario "despolitizar" la Universidad y afrontar sus "problemas económicos y laborales endémicos" con la negociación del Estatuto del Personal Docente e Investigador y una nueva Ley de Universidades.

CSIF espera que las elecciones sindicales de la próxima semana se traduzcan en "un clamor del colectivo de docentes a favor de un pacto de Estado, la mejora de la inversión y por tanto de la calidad educativa, y a favor de un estatuto que potencie la carrera profesional, la dignidad laboral y la autoridad del profesorado".

"Reclamamos una nueva Ley Orgánica de Educación, que se fundamente en: potenciar la educación de titularidad pública; una Ley de Financiación cuyo horizonte sea el 7 por ciento del PIB y una reducción generalizada de ratios de alumnos y un incremento de las plantillas", ha detallado.

CSIF ve "fundamental relanzar la negociación en la Mesa Sectorial del Ministerio y poner en marcha el paralizado Estatuto Docente para atender las demandas de este colectivo en toda su carrera". "Formación inicial, acceso a la función pública (que las pruebas no sean eliminatorias y que se valore la experiencia docente del personal), carrera profesional, formación continua, condiciones de jubilación, mutualismo administrativo y acción social", ha agregado.

El sindicado también es preciso afrontar otros retos como el uso de las nuevas tecnologías, las redes sociales o el móvil, así como las situaciones de bullying y en general de violencia en las aulas.

Por su parte, ANPE --que se presenta a estas elecciones con un total de 7.087 candidatos-- cree fundamental que el Ministerio de Educación, con la colaboración e implicación de las Administraciones Educativas y los grupos parlamentarios, escuche al profesorado y desarrolle un Pacto Educativo y el Estatuto de la Función Pública Docente, entre otras medidas.

Así, reclama un Pacto Educativo que "dé estabilidad" al sistema y "aleje a la educación de la confrontación política, apostando por la enseñanza pública como eje fundamental y por su profesorado", y una ley de la profesión docente, en la que se regulen los derechos, deberes y código deontológico de la profesión docente, la formación inicial y los requisitos mínimos para impartir docencia.

Respecto al Estatuto de la Función Pública Docente, ANPE quiere que regule desde el acceso a la condición de funcionario docente hasta un modelo de jubilación anticipada. "Estableciendo una carrera profesional y la equiparación de las condiciones laborales del profesorado en todas las CCAA, reforzando el carácter estatal de los cuerpos docentes", ha apostillado.

EQUIPARACIÓN SALARIAL

En esta normativa, ANPE exige una serie de claves "fundamentales para el profesorado" que pasan por acabar con las diferencias salariales existentes entre el profesorado de las distintas comunidades autónomas, además de reconocer y retribuir todas las funciones que realizan sin depender de la comunidad autónoma de destino.

También reclama un horario lectivo del profesorado máximo para todo el Estado que no pueda superar las 23 horas lectivas para las enseñanzas de Infantil y Primaria y las 18 horas lectivas para el resto de las enseñanzas.

Asimismo, ve necesaria una reducción del número máximo de alumnos por aula en todas las enseñanzas, así como del mínimo de alumnos para que se puedan crear grupos, impartir materias y establecer enseñanzas.

Pide además una equiparación de los permisos, licencias y excedencias del profesorado en todo el Estado, y "acabar con la discriminación existente con otros empleados públicos". También exige el establecimiento de ayudas sociales para el profesorado como matrícula gratuita en los centros de régimen especial y en la Universidad, ayudas de guardería, comedor y de estudios para sus hijos, etc.

Según el sindicato, reclama una formación inicial y requisitos iniciales para impartir docencia similar en todos los cuerpos docentes que "permita la integración de todos ellos en el más alto grado funcionarial". Respecto a la formación permanente del profesorado, cree que debe ser gratuita y en horario lectivo.

En relación con el sistema de acceso a los cuerpos docentes, ANPE apuesta por ir hacia un sistema de concurso-oposición "más objetivo, con temarios oficiales con contenido, no meros títulos, y pruebas más objetivas". "Se debe seguir valorando la experiencia docente hasta el máximo permitido por la legalidad y eximir de la fase de prácticas a aquellos docentes que ya han desempeñado su labor docente como interinos durante un tiempo mínimo", ha subrayado.

Reducir la burocracia; recuperar el protagonismo de los claustros y asumir más competencias; o establecer una normativa nacional con rango de Ley que desarrolle el reconocimiento de autoridad pública del profesorado en el ejercicio de su función en todo el Estado son otras de las reivindicaciones de ANPE.